El auto dado a conocer este martes, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza, rechaza que las meras informaciones periodísticas conocidas sobre estos hechos puedan ser tomadas como "indicios" que justifiquen la apertura de un procedimiento penal.
"En esas condiciones, no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal, sino de la mera remisión al Tribunal de una serie de informaciones difundidas públicamente a través de medios de comunicación", señala el Supremo, que incide en la falta de valor de estos documentos si no son acompañados de "datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervención de la persona querellada".
Según las denuncias, Rajoy se estaría valiendo de su cargo de Presidente del Gobierno para financiar con cargo al dinero público los gastos personales de asistencia en "gran invalidez" a su padre, "en vez de pagarlas como todo hijo de vecino de su bolsillo personal o con cargo a los hermanos como es uso y costumbre en cualquier casa de español".
Añadían las querellas que dichas informaciones no habían sido desmentidas desde Moncloa sino que se aplicaban los criterios de los presidentes precedentes.