En concreto, esta pieza separada del 'Caso Imelsa' cuenta 47 personas imputadas, más el PP imputado como persona jurídica, y en ella se investigan las presuntas donaciones de 1.000 euros de concejales y asesores al partido, cuyo importe era devuelto en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
En su escrito al TSJCV, el magistrado considera que tras reconocer Domínguez que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago, sería "incoherente" no elevar exposición al TSJCV, por ser el único tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.
El juez señala que "los testimonios de cargo, dos de ellos de personas investigadas, son múltiples y detallados, sin revelar elementos de contradicción e incoherencia interna". Además, añade que "indican una operativa general en relación con personas afines al Grupo Municipal en el Ayuntamiento respecto de la que esta instrucción no ha revelado, hasta el momento, hechos, circunstancias o explicaciones que permitan valorar con carácter excluyente, en esta fase, ningún tipo de discriminación, en atención a la persona o cargo, en cuanto a propuesta u ofrecimiento de devolución de dinero".
No obstante, el juez, remarca que ni las dos investigadas --imputadas según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-- que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que dicen haberse negado a hacer la aportación, "han realizado una imputación concreta respecto a la participación de Domínguez en los hechos objeto de investigación".
NO DECLARÓ
Domínguez rehusó la invitación de Instrucción 18 para declarar voluntariamente pero presentó un escrito de alegaciones en el que reconocía la aportación, negaba cualquier reintegro y se desvinculaba de la organización de la campaña y de la actividad política diaria en tanto que su oficina no estaba en el Ayuntamiento sino en un edificio distinto, sede de la delegación de Seguridad Ciudadana.
Según el juez, las explicaciones ofrecidas por el actual diputado autonómico "pueden ser ciertas y tener sentido" pero son "insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados". En este sentido, apunta que esas alegaciones "no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación".
El instructor subraya, además, el hecho de que el aforado, en su escrito, "no aclara nada en cuanto a la persona, lugar y circunstancias" en las que le fue comunicada la necesidad de realizar el donativo de 1.000 euros y explica que las diligencias practicadas hasta la fecha no han permitido establecer, "con claridad", el origen de dicha decisión adoptada en el ámbito del llamado "comité de campaña".
En su exposición al TSJCV, el magistrado concluye explicando que la investigación no está concluida y que aún no se ha recibido el informe sobre el análisis de la documentación intervenida en los registros pero precisa que de la información verbal anticipada por los agentes de la Guardia Civil "no se desprenden nuevos datos significativos de una implicación concreta del aforado" en la investigación relativa al origen del supuesto dinero blanqueado.