En concreto, el TSJC estima que la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece el castellano "como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto al catalán", por lo que pide a la Conselleria que adopte las medidas necesarias para su cumplimiento y que informe de las mismas.
Sobre esta resolución cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días, después de que el auto fuera acordado el 28 de julio -el mes de agosto está considerado inhábil-.
El Gobierno catalán recurrirá la sentencia
La consejera de Enseñanza de la Generalitat catalana, Irene Rigau, ha anunciado que el Govern presentará un recurso contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y se ha mostrado convencida de que no será necesario cambiar el modelo actual.
"Con este recurso tendremos la posibilidad de dar nueva y más información que justifique que no hace falta este cambio" de modelo, ha explicado Rigau en rueda de prensa, para lo que tienen de plazo hasta el miércoles, ha precisado.
Ha señalado que el recurso se presenta desde el máximo respeto institucional y "en estrictos términos de defensa", si bien no ha desvelado qué hará la Consejería si el TSJC no acepta su recurso, al entender que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha avalado en el pasado el modelo actual.
Críticas de sindicatos y asociaciones de padres
Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos han criticado duramente este viernes el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que establece un plazo de dos meses para que la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat adopte las medidas necesarias para incluir el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán.
La portavoz de CC.OO., Montse Ros, ha subrayado que el modelo actual cuenta con el consenso de la sociedad catalana.
La representante de USTEC·STEs, Rosa Cañadell, ha lamentado que el fallo del TSJC quiere "buscar problemas donde no los hay", y ha recordado que todas las pruebas de nivel realizadas en Catalunya durante los últimos años garantizan que los alumnos catalanes tienen un conocimiento del castellano similar al de los alumnos de otras comunidades autónomas.
La delegada de UGT Roser Font ha considerado muy negativo el fallo, por entender que el sistema actual ha sido modélico en la integración de la población inmigrante, y ha lamentado que "unos cuantos" pretendan recortar la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana.
El portavoz de la Fapaes, Pere Farriol, ha subrayado también el amplio consenso social y político del que goza la inmersión lingüística en catalán, y ha augurado que el cambio de este modelo supondría la marginación de los jóvenes por cuestiones de idioma, a la vez que ha calificado de "barbaridad" el fallo y se ha puesto al servicio de la Generalitat para defender el sistema actual.