Así consta en un auto, de este lunes, facilitado por el TSJCV en el que la sala adopta esta decisión "coincidiendo con el dictamen del ministerio fiscal". En la resolución, se especifica que, no obstante, en este caso, la imposibilidad de asumir por parte de la sala la competencia, no significa que el querellante quede privado del ejercicio de la acción penal ya que "nada le impide" que pueda someter a la consideración de un juzgado ordinario la posible existencia de hechos delictivos en las adjudicaciones públicas que cuestiona.
La querella iba dirigida contra Castellano, su mujer, el empresario José Miguel Taroncher y la esposa de este último por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y los abusos en el ejercicio de su función en relación a unas contrataciones supuestamente irregulares adjudicadas por el consejero y actual secretario general del PPCV desde los distintos departamentos por los que ha pasado en la Administración valenciana a Construcciones Taroncher.