En una nota remitida ese miércoles, la asociación progresista de fiscales señala que no estamos "ante una interpretable cuestión de legalidad sobre su condición de militante en un partido determinado, sino que, realmente, de lo que se trata es de alcanzar la máxima exigencia y despejar cualquier sombra de duda en relación con quienes ejercen responsabilidades públicas".
Para la UPF, la norma jurídica no es "el único límite para el ejercicio de los cargos públicos de alto contenido institucional que representan a los poderes del Estado". Entiende esta asociación que "deben ser exigibles comportamientos y actitudes que despejen cualquier atisbo de parcialidad en su actuación personal y que pueda extenderse a su ejercicio profesional".
COMPARECENCIA-TRÁMITE
Añaden que, "el nivel de exigencia debe ser máximo cuando se ocupan cargos tan relevantes". Por ello, consideran que la omisión de su condición de militante ante la comisión del Senado, aunque no figure como causa legal de separación del cargo, revela fundamentalmente que el actual presidente "ha huido o evitado intencionadamente el control de los representantes de la soberanía popular" y "ha devaluado por lo tanto a un mero trámite, a un simple requisito formal, su comparecencia ante uno de los poderes del Estado".
"En estos momentos, en los que el desprestigio de las instituciones y la falta de confianza de los ciudadanos en quienes ocupan las más altas instancias del Estado, es una preocupante realidad, quienes ejercen el poder deberían liderar un proceso de regeneración democrática e institucional, con comportamientos ejemplares", consideran los fiscales progresistas
Por ello, apuntan que "ejemplar sería devolver al Tribunal Constitucional, con la dimisión de su Presidente, parte de la credibilidad justificada o injustificadamente perdida".