Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado un total de 79 enmiendas a la Ley de Transparencia, entre otras cosas, para que queden sometidas a la misma todas las empresas y entidades privadas que reciban dinero público, sea cuál sea la cantidad de esas ayudas, según ha avanzado el portavoz adjunto del grupo parlamentario magenta en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán.
En una rueda de prensa ofrecida en la Cámara Baja, el 'número dos' de UPyD también ha destacado otra de las sugerencias que su formación pone sobre la mesa: que las "grandes operaciones" que realicen empresas privadas, pero que tengan "repercusión pública" sean obligatoriamente explicadas a los ciudadanos.
En opinión de Martínez Gorriarán, las entidades privadas deben justificar cómo utilizan todo el dinero que reciben de las administraciones, aunque se trate de cuantías mínimas. Por eso rechaza que se establezca en la ley un porcentaje de ayudas públicas a partir del cual se exija transparencia.
"Debe haber una evaluación de la cuentas y una rendición de resultados de todas las ayudas, subvenciones o primas", ha enfatizado, a la vez que ha hecho hincapié en que aquellas empresas de sectores estratégicos, como el energético, que realicen operaciones que tengan repercusión pública, deben dar cuenta al detalle de cada una de esas actuaciones.
El grupo parlamentario de UPyD pide que la ley tenga carácter orgánico al contemplar como fundamental el derecho de acceso a la información pública, que establezca el silencio positivo (si la administración no contesta se entenderá estimada la petición) y que se motiven las denegaciones.
Aboga por incluir a partidos, sindicatos, patronales, Casa Real, las entidades financieras que reciban fondos públicos, las mutuas de accidentes de trabajo y demanda que todos los afectados publiquen sus agendas, su experiencia profesional, sus retribuciones, complementos, dietas o cualquier otro ingreso, el contrato que tienen con sus respectivos organismos.
EN VIGOR NADA MÁS PUBLICARSE
También reclaman que la futura ley entre en vigor nada más publicarse y no un año después como prevé el Gobierno. Sí da un plazo de doce meses para la puesta en marcha del Portal de la Transparencia. En él deberá incluirse un mapa digital del sector público, con la plantilla de todos sus órganos y su coste, sus inmuebles, las retribuciones de los cargos políticos electos y cargos públicos de cada ente, sus currículum, el número de cargos de confianza, asesores y de libre designación con sus retribuciones.
Debería publicarse también el número de tarjetas de crédito oficiales o institucionales, el número de líneas de móvil, iPads y otras herramientas asignadas cada organismo y el número de vehículos oficiales, detallando en todo caso quién los usa. Quieren extender la publicidad al importe total de las dietas y gastos de viaje del personal, el número de contratos menores que no pasen por concurso público y sus importes y las ayudas y subvenciones concedidas por cada ente, con los destinatarios y los importes.
CUENTAS DE LOS CARGOS ORGÁNICOS DE PARTIDOS Y SANCIONES
La formación magenta también aprovecha para plantear una modificación de la Ley de Financiación de Partidos para que las cuentas anuales consolidadas de la formaciones políticas incluyan todos los ámbitos de los mismos (desde el europeo hasta el local) a los grupos parlamentarios de todos ellos, las cuentas de los cargos orgánicos del partido, las fundaciones a ellos vinculadas, y las sociedades mercantiles en las que tengan una participación mayoritaria.
Que los diputados y senadores estén obligados a publicar en la página web de sus respectivas Cámaras sus nóminas y declaraciones patrimoniales detallando todos sus ingresos.
Y propone un apartado de infracciones y sanciones totalmente nuevo para castigar a quienes incumplan las obligaciones de publicidad activa o vulneren el derecho de acceso a la información pública. La horquilla de multas va de 3.000 a 600.000 euros en casos extremos y las impondrá la Agencia de Transparencia.
Asimismo, reclama que todos los contratos del sector público sean transparentes, salvo que afecten a materias 'clasificadas' o para preservar la seguridad. Por otra parte, proponen la creación de un registro de grupos de interés y un código de conducta obligado para todos ellos.
En el capítulo de buen gobierno, quieren fijar un plazo de 10 años para la prescripción de las infracciones muy graves y cinco para las graves. Recoge como infracción muy grave la no correcta rendición de cuentas ante el órgano fiscalizador correspondiente
SANCIONAR LA NO COLABORACIÓN CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Este órgano será "plenamente independiente", su presidente se nombrará por cinco años mediante Real Decreto, pero deberá recibir el aval de la mayoría absoluta del Congreso y estará asesorado por un Consejo Consultivo compuesto por un diputado, un senador y representantes de la administración central, local, autonómica, la sociedad civil y los consumidores.
Por últimos, UPyD quiere reforzar el papel del Tribunal de Cuentas, para que reciba toda la información sobre endeudamiento de todas las administraciones, y que se obligue a la Agencia Tributaria a colaborar con él. En este contexto, apuesta por fijar una multa de entre 1.800 y 27.000 euros, para quien no responda a sus requerimientos.