Con este objetivo, la diputada magenta ha registrado una serie de preguntas escritas al Ejecutivo en el Congreso en las que, además de plantearle el citado interrogante, recuerda que el Código Penal contempla como delito el fomento de la discriminación, el odio o la violencia contra grupos por motivos de nacionalidad.
En su iniciativa, que recoge Europa Press, Lozano hace referencia a unas declaraciones del portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, en las que afirmaba que modelo de financiación autonómica permite que "la España subsidiada viva a costa de la Cataluña productiva", una frase que, según explica, ha sido plasmada en un cartel promocionado por CiU en su página de Facebook.
También menciona que el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, dependiente de la Generalitat, ha organizado un simposio con el título 'España contra Cataluña: Una mirada histórica (1714-2014) en que, tal y como detalla la web del Gobierno catalán, se analizarán las consecuencias que han tenido para esta comunidad "la acción política, casi siempre de cariz represivo, del Estado español".
Por todo ello, la diputada de UPyD aspira a que el Ejecutivo central se pronuncie al respecto y, en concreto, si piensa que estas medidas pueden formar parte de una campaña institucional "encaminada a fomentar el odio entre ciudadanos de diferentes partes de España".
De ser así, Lozano también pregunta al Ejecutivo qué medidas piensa adoptar al respecto y si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prevé sacar este tema en "alguno de los intercambios epistolares o encuentro formales" con el presidente catalán, Artur Mas.
PENADO CON LA CÁRCEL
"¿Considera el Gobierno que estas expresiones podrían enmarcarse dentro del artículo 501.1 del Código Penal por provocar odio contra personas por su origen nacional? En caso afirmativo ¿qué acciones va a emprender el Gobierno para perseguir ese eventual delito?", reza otra de las preguntas registradas por Lozano.
El artículo del Código Penal al que se refiere la diputada prevé penas de prisión de uno a tres años y una multa de seis a doce meses para quienes incurran en ese delito.