El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibirá este lunes, de manos de la comisión de valoración del Decreto de Víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política en Euskadi entre 1960 y 1978, el informe final de los 187 damnificados "por abuso de poder o uso ilegítimo de violencia policial" durante ese periodo de tiempo.
El estudio, que lleva el título de 'Saliendo del olvido', incluye entrevistas y datos exhaustivos que esta comisión de valoración ha recopilado sobre estas víctimas, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno vasco.
Sobre estos 187 damnificados --30 de ellos fallecidos por disparos de las Fuerzas de Seguridad del Estado--, ya se realizó un primer informe, que fue entregado al lehendakari en un acto en el Kursaal donostiarra que se celebró el 20 de febrero de 2016 y que supuso un homenaje a estas víctimas.
En aquella ocasión, Iñigo Urkullu aseguró que el daño que sufrieron estas personas fue "injusto y nunca debió suceder". Ante las más de un centenar de personas que asistieron al acto, afirmó que, "en el futuro, nunca más, ni una causa política o razón de estado, debe situarse por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida".
Además, recordó que el Decreto 107/2012 había permitido ofrecer "reparación una a una" a víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas entre 1960 y 1978, que hasta entonces no habían sido reconocidas.
LEY DE ABUSOS POLICIALES
El Gobierno vasco se encontraba, entonces, tramitando la Ley de Víctimas de Abusos Policiales que se aprobó en el Parlamento el 28 de julio de 2016 bajo la denominación de 'Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999'.
Esta norma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional el pasado 10 de mayo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al considerar, entre otras cuestiones, que la Comisión de Valoración recogida en la Ley, a la que se atribuye la función de analizar las peticiones de reparación presentadas por las víctimas, invade competencias exclusivas de los tribunales de Justicia.