La resolución "actualiza el marco legal nacional referido a la no discriminación por cuestiones sexuales, religiosas o de razas", destacó Bayardi en declaraciones a medios de prensa locales.
El decreto fue firmado por el presidente Tabaré Vázquez el pasado lunes en la última reunión del Consejo de Ministros, agregó.
Según lo dispuesto por el Gobierno, la elección sexual de los postulantes a ingresar a las escuelas de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea "no será considerada causal de no aptitud por parte de las comisiones, tribunales médicos o autoridades actuantes".
La resolución firmada por Vázquez, socialista y primer presidente de izquierda en la historia de Uruguay, se basa en "la pertinencia de eliminar los elementos discriminatorios en función de la elección sexual", señala el decreto.
La legislación que ahora se modifica establecía que para el ingreso en la Escuela Militar "las desviaciones manifiestas de la sexualidad serán consideradas como características negativas psíquicas para el ingreso al instituto". Normas similares regían para el ingreso a la Armada y la Fuerza Aérea.
El nuevo decreto deroga otro de diciembre de 1998, aprobado por el entonces presidente Julio María Sanguinetti (Partido Colorado) y el ministro de Defensa Nacional de la época, teniente general Hugo Medina, que advertía la imposibilidad de ingreso a las Fuerzas Armadas a las personas que tuvieran "desviaciones manifiestas de la sexualidad".
El viceministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en declaraciones a medios de prensa locales, dijo que los comandantes en jefe de las tres armas no fueron consultados antes de autorizar el posible ingreso de homosexuales.
"La modificación no afectará la disciplina en la interna de las Fuerzas Armadas", afirmó Menéndez.
Los jefes militares no realizaron comentarios públicos sobre la decisión del Gobierno, pero autoridades del Círculo Militar, que agrupa a militares en actividad y retirados, señalaron que la decisión causó "profundo malestar".
Fuentes del Circulo Militar que prefirieron mantener su identidad en reserva señalaron que la resolución del Gobierno "busca afectar el honor de las Fuerzas Armadas".
Además, los militares retirados han tenido duros enfrentamientos con el Gobierno, tras la decisión del presidente Vázquez de autorizar excavaciones en el interior de cuarteles para buscar restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).
Vázquez dio, además, luz verde para que la justicia investigara algunos casos de violaciones a los derechos humanos a los que dejó fuera de la Ley de Caducidad.
Tras la decisión del presidente, seis militares y dos policías retirados fueron procesados y están presos.
La Ley de Caducidad, aprobada por el Parlamento en 1986 tras el retorno a la democracia, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente implicados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y posteriormente fue refrendada por la ciudadanía en las urnas, en 1989.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos aspiran a que la ley sea anulada y el pasado mes entregaron 340.000 firmas para intentar convocar a otro plebiscito con ese propósito.
Actualmente la Corte Electoral analiza las firmas.