El ex alcalde de Vallirana, Josep Alemany (CiU), que se enfrenta a cuatro años de cárcel por un delito de medio ambiente, ha defendido su gestión y ha explicado que en 2002 consiguió incluir en el plan de saneamiento la construcción de una depuradora que, con la entrada del tripartito en la Generalitat en 2004, quedó paralizada.
En un comunicado, Alemany --que ha sido alcalde de Vallirana desde 1987 hasta estas últimas elecciones-- ha explicado que cuando llegó a la alcaldía el 100% de las aguas residuales se vertían sin tratamiento y que él consiguió en una primera etapa desviar el 90% de las aguas a la depuradora de Sant Feliu.
La depuración de la urbanización de El Lledoner --objeto de la demanda-- quedó fuera, pero consiguió incluir en el Plan de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas (PSARU) de 2002 la construcción de una depuradora de cara al 2005 que, con el cambio de gobierno de la Generalitat, dejó de ser una "prioridad" para la Agencia Catalana del Agua (ACA).
Sin embargo, ha explicado que gracias a un recurso que él mismo interpuso, consiguió incluir la depuradora en el PSARU de 2005 para ser ejecutada en 2008, aunque la querella del fiscal llegó en 2007.
Alemany ha asegurado que en este momento la depuradora está ejecutada, pendiente de que el ACA contrate la energía eléctrica para entrar en funcionamiento.
PERMITÍA LOS VERTIDOS
Según el escrito fiscal, Alemany, como alcalde de la localidad, tenía la obligación de someter todas las aguas residuales urbanas generadas por el municipio a un tratamiento depurativo pero, en su lugar, "permitía, consentía y toleraba que una parte de estas aguas fueran vertidas sin depuración ni tratamiento alguno a la riera de L'Arcada".
La ausencia de depuración era perfectamente conocida por el acusado desde 1987 y, por razones "puramente" económicas --eludir el coste del tratamiento--, no hizo nada al respecto.
En marzo de 2007 los vecinos de la urbanización El Lledoner denunciaron los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona ya que, además, el ayuntamiento les cobraba por esta depuración, que no se realizaba.
Las investigaciones de la policía judicial determinaron que las aguas de la riera estaban "gravemente contaminadas" y generaban un gran riesgo de contaminación del ecosistema natural del torrente.
En mayo de 2008 se decretó la clausura del vertido, aunque no fue hasta finales de mes que la Guardia Civil observó que se había tapiado el punto de infiltración pero que a través de un punto que estaba roto, se seguían filtrando aguas, y las posteriores reformas también fueron insuficientes.