El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el ingreso en prisión incondicional de dos de los detenidos en la operación realizada el pasado martes por la Guardia Civil por un presunto fraude cometido por Petromiralles, han informado fuentes jurídicas.
Ambos están relacionados con las gasolineras Rodríguez Estepa, según las mismas fuentes, mientras que un tercero de los implicados podrá eludir la prisión con fianza y el resto quedan en libertad aunque con la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales.
Entre los siete comparecientes este viernes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se encontraban los propietarios de la citada empresa de hidrocarburos, Josep María y Pere Torrens Ferrer, que quedan en libertad aunque imputados, al igual que el resto, por blanqueo, fraude fiscal de más de 100 millones de euros, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha interrogado desde esta mañana a siete del total de diecisiete detenidos en esta operación, después de tomar declaración el jueves a los diez primeros, a los que dejó en libertad aunque con comparecencias quincenales.
TENENCIA DE ARMAS
Josep Maria Torrens, uno de los propietarios de Petromiralles, es el alcalde por CiU de la pequeña localidad de Santa Maria de Miralles, con 130 habitantes. Escondía en su casa una arma y abundante munición careciendo de licencia, según las mismas fuentes, por lo que también ha sido imputado de tenencia ilícita de armas.
Para garantizar los pagos a proveedores y empleados, el juez Velasco ha nombrado interventor judicial hasta el próximo día 9 de julio, cuando se celebrará una vista para designar administrador judicial.
EUROS, DÓLARES Y YUANES
Las mismas fuentes han señalado que en alguno de los registros se les ha incautado más de un millón de euros en efectivo, 30.000 dólares, 9.000 yuanes chinos y billetes de otros países.
La investigación de esta trama se inició desde el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona y la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, aunque finalmente ha recaído en la Audiencia Nacional al extenderse a otros puntos de España.
Petromiralles, empresa petrolera independiente propiedad de los hermanos Josep Maria y Pere Torrens Ferrer, se creó en 1995 dedicada a la gestión de estaciones de servicio y a la distribución de combustibles a domicilio. Llegó agrupar a diferentes empresas en 2010 creando el holding Petromiralles Group S.L., y cuya dirección es compartida entre los dos hermanos.
Según los investigadores, en el marco de la operación que ha desmantelado una trama dedicada al fraude del IVA en el sector de los carburantes que llegó a defraudar en torno a 270.000 euros al día y enviaban el dinero a Hong Kong como primera escala del blanqueo que luego se expandía también a otros países.
El país asiático era su destino principal y en muchas ocasiones trasladaban el dinero en metálico guardado en maletines y otras veces por transacciones.
Aunque el núcleo principal de la trama se asentaba en Cataluña, el dinero siempre se sacaba de cajeros en Sevilla y luego se escondía en pisos de la capital andaluza en cajas fuertes ocultas tras los cuadros o lavabos, según la Guardia Civil.
Por lo general los responsables de la trama se desplazaban allí en avión, pero cuando tenían que trasladar el dinero viajaban en AVE para llamar menos la atención en los controles de la estación (menos exhaustivos que los de un aeropuerto). Además así trataban de no levantar sospechas de la conexión entre los testaferros en Andalucía y la matriz catalana.
En Cataluña la organización poseía una amplía red de gasolineras con las que controlaba todos los niveles que conforman este mercado. Contaban con un bróker internacional ubicado en Suiza encargado de adquirir el hidrocarburo. Otra empresa se encargaba de introducirla en España y una segunda empresa actuaba como receptora del producto en territorio nacional y se encargaba de distribuir el hidrocarburo.
Al no pagar los impuestos correspondientes la organización podía ofertar el producto a precios muy competitivos, acaparando el mercado de hidrocarburos en aquellos territorios donde la estructura criminal se iba implantando. Las empresas pantalla que conformaban esta estructura desaparecían antes de que la Administración pudiese reclamarles el pago de los impuestos.