El magistrado considera que hay indicios de que Ortiz cometió delitos de fraude en la Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho.
A lo largo de 74 folios, Velasco explica que se investiga en esta pieza de la trama, liderada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio David Marjaliza, los presuntos actos de corrupción que Ortiz realizó bajo su mandato en Móstoles "en beneficio de Cofely con un ánimo de lucro personal".
Velasco también apunta a la intervención para el cobro de dádivas de quien fuera "su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y el hermano de este, Mario", que fue diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid, que actuaban como intermediarios con la empresa, que es filial de la multinacional francesa GD F Suez.
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