En declaraciones para Radio Sonorama, Moreno indicó que ese acuerdo nacional entre los actores políticos se hará "pensando en el futuro del país, en el Ecuador del tercer milenio (...), teniendo como marco la nueva Constitución".
Para Moreno, la clave está en el tono de las acusaciones y las declaraciones, por lo que afirmó: "Si todos bajamos el tono vamos a tener el espacio (de encuentro) que buscamos".
"Debemos cambiar la forma de ver la vida, la vida es un esfuerzo conjunto de voluntades y el resultado se multiplica. Muchas veces no lo entendemos, viendo el asunto" sólo a corto plazo, por ello, "tenemos que hacer una pausa, ver cómo queremos a Ecuador de aquí a 10, 15 ó 20 años", declaró.
Asimismo, Moreno criticó que "cuando hay campaña política, la amabilidad entra en temporada baja" mientras que, según él, debería de tratarse de "una fiesta política (...), de exposición de criterios, propuestas y beneficios para el país".
"De repente, el contrincante político se vuelve un corrupto, un mentiroso, un traidor, un ladrón y eso es preocupante porque parece que no hemos entendido hasta ahora lo que significa hacer buena política", dijo.
Para Moreno, las campañas políticas deben ser "campañas de propuestas, no de insultos ni de agravios", y ante eso señaló que los diferentes actores políticos tienen que recapacitar y plantearse que, en el poco tiempo que queda de campaña, se debe rescatar "el verdadero criterio de la fiesta democrática".
El vicepresidente ecuatoriano afirmó que el trabajo de su Gobierno en educación, salud, viabilidad, vivienda y bienestar social es lo que le otorga el apoyo del pueblo.
"El apoyo no es gratuito, es la respuesta del pueblo a un trabajo denodado" del Gobierno y el presidente Correa, afirmó Moreno.
El 26 de abril están llamados a las urnas 10,5 millones de ecuatorianos que elegirán además de al binomio presidencial, presidente y vicepresidente, a asambleístas nacionales, alcaldes, concejales y prefectos y viceprefectos provinciales.
Estas elecciones culminarán el proceso de transición hacia el marco constitucional inaugurado con la aprobación en referendo, el pasado septiembre, de la nueva Carta Magna y definirá el cargo de cerca de 6.000 funcionarios públicos.