Las víctimas del terrorismo presentarán este lunes un informe en el que, a través de los datos recabados durante los últimos meses, demostrarán las vinculaciones y guiños de Bildu con ETA y exigirán su ilegalización y expulsión de las instituciones públicas.
El informe, que será presentado por representantes de diferentes asociaciones de víctimas, incluirá un detalle de todas las actuaciones, declaraciones y acciones de Bildu y sus representantes en las diferentes instituciones vascas y navarras para demostrar su vinculación con ETA, según han explicado a Europa Press fuentes de las asociaciones.
El documento ha nacido del trabajo del Observatorio contra la Impunidad, creado a instancias de la práctica totalidad de las asociaciones, colectivos y fundaciones de víctimas del terrorismo para hacer llegar a la opinión pública cualquier atisbo de concesión a los terroristas que adviertan por parte de los representantes públicos.
En concreto, repasará los actos y declaraciones de los miembros de la coalición formada por Eusko Alkatasuna, Alternatiba e independientes desde que el Tribunal Constitucional le permitió concurrir a las elecciones municipales del mes de mayo.
Y muy especialmente advertirá sobre sus actuaciones al frente de las instituciones en las que gobiernan en el País Vasco y Navarra y la Diputación de Guipúzcoa, donde el diputado general, Martin Garitano, ha provocado en numerosas ocasiones las protestas de las víctimas con sus actos.
REUNIONES DE VÍCTIMAS
Las asociaciones de víctimas mantienen desde hace meses una serie de encuentros para poner en común su visión de la lucha antiterrorista. De ella ya salió el documento que marcaba sus exigencias ante un eventual final del terrorismo.
En él, las asociaciones marcaban como primera prioridad un final de ETA "sin impunidad" en el que además se establezcan unas reglas "claras y comprensibles para todos" y se exija tanto a la organización terrorista como a todo su entorno "la condena de la historia del terror de ETA".
Además, el texto aborda la situación penitenciaria de los presos etarras y sostiene que no debe convertirse "en una política de gracia", ya que un derecho "irrenunciable" de las víctimas es el derecho a la justicia. A su juicio, una medida como la excarcelación anticipada de presos juzgados y sentenciados, "enmascarándolo en una aplicación laxa de la progresión de grados", supondría también "una forma de impunidad".