En una nota remitida a Europa Press, el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, alude a la necesidad de "adoptar medidas estructurales" en el sector eléctrico y considera que el Gobierno se enfrenta a la "difícil decisión" de adoptar un paquete definitivo de disposiciones que eviten el "colapso del sistema".
"El sector eléctrico requiere de una profunda reforma estructural que ponga freno al crecimiento del déficit tarifario y plantee una solución definitiva a este grave problema que arrastra la economía española desde hace algo más de una década", afirma Sánchez Lambás.
La fundación, que cuenta con un grupo de trabajo dedicado a analizar la situación del sector eléctrico, considera "urgente y preceptivo" reformar el actual sistema de Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que está acogida la mayoría de los consumidores domésticos, cuando realmente estaba pensada para un grupo social restringido, con fines casi sociales.
"Lo lógico y deseable es que esta gran mayoría de usuarios entrase en el sistema de competencia de precios, lo que determinaría unas tarifas mucho más reales", señala Sánchez Lambás, antes de recordar que Bruselas también aboga por avanzar en este aspecto.
El director general de la fundación califica de "insuficientes" las medidas ya adoptadas a finales de marzo para acabar con el déficit de tarifa y considera que "no quedará más remedio" que establecer un calendario asumible para titulizar el actual déficit.
La aplicación de este calendario, señala, implicará "inevitablemente, también, un incremento de tarifas, no solo para enjugar el déficit existente, sino para evitar su rebrote en el futuro".
CÉNTIMO VERDE.
Dentro del capítulo de ingresos de la tarifa, la fundación considera que "la herramienta más operativa" sería la puesta en práctica del 'céntimo verde' sobre los carburantes.
La fundación reclama además un sistema "diversificado" de ingresos que permita cubrir los costes regulados del sistema, y señala que, aparte de las tarifas, estos ingresos deben proceder también de impuestos, tasas o sobrecargos en otros consumos.
Sobre este aspectos, advierte de que los ingresos del actual impuesto sobre la electricidad terminan en las arcas de las comunidades autónomas y cualquier variación en su configuración obligaría a "un arduo cambio legislativo y a una no menos laboriosa renegociación con las autonomías".
Junto a esto, indica que aplicar tasas a la generación o a cualquier otro elemento del sistema eléctrico sería complicado desde el punto de vista de la competencia, pues "se establecerían artificialmente desigualdades entre los operadores que dañarían el funcionamiento del mercado, lo que haría sonar las alarmas de las autoridades comunitarias".
Por este motivo, entiende que una posible solución sería establecer tasas para todos los operadores, incluidos los que actúan en el área de energías renovables. "Evidentemente, esto abriría un nuevo campo de disputa, e incluso una posible batalla legal, ya que a las empresas generadoras de energías renovables se les han garantizado unas primas que ahora verían reducidas por la vía de las tasas", advierte Sánchez Lambás.
RENOVABLES.
Sobre las renovables, la Fundación Ortega-Marañón asegura que el crecimiento de la potencia instalada de energía renovable "se está convirtiendo, con el actual sistema de primas, en una pesada carga para el sistema eléctrico español".
Al ritmo actual de entrada en el sistema de instalaciones renovables, las primas a esta energía alcanzarían, al final de año, 9.000 millones de euros, lejos de los 7.221 millones previstos y de los 6.985 millones que se pagaron en 2011, advierte.
"No hay sistema, y tampoco economía que se encuentre en la situación en la que se halla la española, que resista este ritmo de incorporación de instalaciones y a estos precios. O hay un nuevo calendario de incorporaciones, o se establecen horarios de funcionamiento más restrictivos o hay que abordar la compleja tarea de reformar el sistema de primas", añade.