En un comunicado, ha asegurado que impulsará "todas las medidas jurídicas" en defensa de los intereses de los consumidores y de los sectores económicos de Catalunya, y se opone a que los costes relacionados con la extinción de esta concesión se puedan imputar a los ciudadanos y a los presupuestos públicos, ya que defiende que el proyecto no entrará en servicio por limitaciones atribuibles al mismo y a su ejecución.
Así, el Govern pedirá que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haga públicos todos los estudios e informes que haya encargado o recopilado sobre los fallos del proyecto, los episodios sísmicos que ocasionó en Terres de l'Ebre (Tarragona) desde el inicio de los trabajos relativos al almacenamiento de gas y los costes que haya ocasionado toda la operación.
Catalunya trasladará los hechos a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre si la decisión adoptada por el Gobierno español se ajusta al derecho comunitario, y también evaluará el impacto del real decreto sobre las familias y empresas para estudiar que puedan reclamar daños y perjuicios.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado este real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, que se irán repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.