En concreto, el Gobierno ha autorizado la aplicación del fondo de contingencia para responder a esta cuantía por 30,5 millones, que se articulará a través de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
De esta forma, se atenderá al pago establecido a modo de indemnización en concepto de daños y perjuicios en una sentencia de abril de 2014 dictada por la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
El tribunal estableció en ese momento que el nuevo sistema de fijación de precios de los gases licuados del petróleo envasados le suponía a Repsol Butano una pérdida de ingresos en el último trimestre de 2011 que posteriormente se extendió al primer trimestre de 2012.
A finales de 2015, la sala tercera del Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado y confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional.
La sala de lo contencioso-administrativo, conforme a su doctrina, señaló que no puede admitirse como razonable un precio regulado que impone a los suministradores la venta a pérdidas durante un período prologando de tiempo.
También reconoce que se ha producido una vulneración del principio de proporcionalidad en la intervención pública a la hora de fijar de forma específica los precios máximos del GLP.