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Modesto es, cuando han transcurrido seis meses desde que Marruecos y España ponían fin a su mayor crisis en las últimas dos décadas, el balance de la prometedora “nueva e inédita etapa” en las relaciones bilaterales. No tener que lidiar desde el pasado 18 de marzo –fecha en que desde Marruecos se hizo pública la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI en la que el jefe del Gobierno apoyaba las posiciones marroquíes en el Sáhara- más tiempo con las consecuencias del enfado marroquí con el Ejecutivo no es premio menor para los intereses españoles, pero la ambiciosa hoja de ruta pactada por las dos administraciones tres semanas después en Rabat sigue siendo, a día de hoy, una bella declaración de intenciones.
El mayor de los logros para los intereses españoles a cambio del giro histórico del Gobierno en la cuestión del Sáhara Occidental ha sido la disminución del flujo migratorio procedente de territorio marroquí en el Estrecho -fundamentalmente- y en Ceuta y Melilla como consecuencia de la mayor cooperación policial de Rabat. De las 9.766 personas que llegaron en 2021 a las costas gaditanas el año pasado se ha pasado en 2022 a 6.359. Son cifras, con todo, que hay que tomar con cautela porque al tiempo que pierde fuerza la vía del Estrecho la ruta canaria sigue en aumento este año.
La nueva etapa abierta con Rabat hace seis meses ha coincidido, en fin, coinciden los expertos con una caída en las llegadas a suelo español, aunque, no por casualidad, en las últimas semanas se están batiendo récords en el número de personas que alcanzan las costas españolas procedentes de Argelia, especialmente en Baleares. Fue precisamente este problema, y recordemos la sucesión de tentativas de entrada de migrantes a través de las vallas de Ceuta y Melilla el invierno pasado, el más acuciante para el Gobierno español durante el período de crisis vivido con Rabat.
También tienen motivos para la satisfacción los dos gobiernos tras la celebración con normalidad este verano de la Operación Paso del Estrecho –concluyó oficialmente este jueves-, la primera desde 2019. La crisis sanitaria en el verano de 2020 y la diplomática en el estío de 2021 impidieron que España fuera la última etapa en el camino de vuelta a casa veraniego para millones de marroquíes residentes en el continente europeo. A pesar de ser la primera desde 2019, las cifras del dispositivo han estado por debajo de lo esperado: a falta de balances y explicaciones oficiales, todo apunta a que la razón estriba en los precios del combustible, con repercusión en los pasajes de las travesías marítimas, en un contexto de crisis económica internacional.
Numerosos son los temas pendientes de resolver, siquiera para el horizonte de los próximos años, para las dos administraciones. Si bien la apertura de las fronteras marroquíes con Ceuta y Melilla no tardó en concretarse –el 17 de mayo para ciudadanos comunitarios y con permiso para circular por el espacio Schengen y el 31 del mismo mes para los trabajadores transfronterizos con permiso de trabajo en vigor-, lo cierto es que el Gobierno de Sánchez no logró de Marruecos un reconocimiento explícito de su soberanía sobre las dos ciudades autónomas en la Declaración conjunta del 7 de abril.
Lo más cercano a un respeto a la soberanía fue el acuerdo en torno a evitar el recurso a “actos unilaterales o hechos consumados”. En la retina aún, la entrada de 10.000 jóvenes magrebíes y subsaharianos a través de la frontera del Tarajal entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 gracias a la aquiescencia de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Entre los grandes asuntos pendientes, sin marcharnos de Ceuta y Melilla, se encuentra la apertura de sendas aduanas comerciales en las fronteras con Marruecos: aunque mencionada sin la precisión necesaria en la Declaración conjunta fue uno de los acuerdos que el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que las negociaciones siguen en curso y que pronto las nuevas aduanas comerciales serán una realidad.
Rabat cerró, de manera unilateral, la aduana comercial de Melilla –creada a raíz de la independencia de Marruecos- en agosto de 2018 y acabó con el contrabando desde Ceuta en octubre de 2019. Y desde hace más de una década Marruecos potencia con ahínco la economía de la zona norte, una de las más deprimidas del país, con grandes proyectos, entre ellos el puerto de mercancías TangerMed, el puerto Nador West Med o la Tangier Free Zone, con los que atraer inversión y generar empleo. Uno de sus objetivos es compensar el perjuicio económico para decenas de miles de familias del fin del ‘comercio atípico’ y competir con Ceuta y Melilla. De sobra es conocida la posición de las autoridades marroquíes sobre las dos ciudades autónomas, sobre las que evitan referirse –salvo excepciones- en sus interlocuciones públicas.
Asimismo, sigue sin concretarse si el Ejecutivo de Sánchez acabará eliminando o no la excepción Schengen, que permitía hasta antes de la pandemia a los ciudadanos marroquíes empadronados en las provincias limítrofes con Ceuta y Melilla acceder a las mismas sin necesidad de visado. Como tampoco está claro si el Gobierno, que trata todos estos temas con la máxima cautela para no indisponer la relación con Marruecos, acabará integrando a las dos ciudades en la Unión Aduanera o no.
No se han producido tampoco avances significativos en estos seis meses en la delimitación de las fronteras marítimas en la fachada atlántica entre los dos países; solo a finales del pasado mes de junio volvía a reunirse el grupo de trabajo creado al efecto en 2003.
No hay fecha tampoco para la XII Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí, aplazada sine die a instancias de Marruecos en diciembre de 2020; en el acuerdo pactado durante la visita de Sánchez a Rabat en abril ambas administraciones se comprometían a que la XII RAN se celebre antes de que termine el año. De la misma manera no ha trascendido que las dos administraciones hayan avanzado en la actualización del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, suscrito en 1991.
Sin duda, la peor de las consecuencias del fin de la crisis con Marruecos ha sido la apertura de manera inmediata y refleja de otra con Argelia, que, inevitablemente, iba a ofuscarse por el giro histórico de España en la cuestión del Sáhara Occidental. Un espinoso problema que lleva estancado camino de las cinco décadas y es fuente de problemas para España, antigua potencia colonial, a pesar de no tener capacidad alguna para desatascar el embrollo.
A punto de cumplirse este lunes también medio año del inicio oficial –con la retirada del embajador en Madrid- del estallido de la crisis con Argelia, las consecuencias del desencuentro con el otro vecino del Magreb, patrocinador principal del Frente Polisario, son múltiples: desde la ruptura política plasmada en la suspensión del Tratado de Amistad hasta el boicot comercial pasando por la suspensión de la cooperación migratoria, la subida de los precios del gas y el uso de la baza migratoria para presionar al Gobierno español.
En fin, para el observador atento, tanto durante la crisis con Marruecos como en el fin de la misma -y al igual que a lo largo de este medio año de flamante período de asociación estratégica-, la impresión ha sido siempre la de que España sigue el paso que marca Marruecos. Sin excepciones. Sólo el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental puso fin al desencuentro con Rabat y fue el Palacio Real, a través de la agencia marroquí de noticias, la que decidió cuándo difundir la carta de Pedro Sánchez al monarca alauita.
De la misma manera, y rompiendo la tradición, este jueves fueron también las autoridades marroquíes las que decidieron dar cuenta del encuentro entre el todopoderoso director general de Seguridad Nacional y Vigilancia del Territorio Abdellatif Hammouchi y la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para subrayar el buen momento de las relaciones bilaterales y en concreto, “la importancia de la cooperación marroquí-española en materia de seguridad e inteligencia”. Unas relaciones bilaterales que, con todo, arrojan un balance discreto a pesar de la grandilocuencia con la que hace seis meses se anunció la entrada en una “nueva” e “inédita” etapa.