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Los 27 ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea arrancaron este viernes una de las más importantes batallas políticas de los últimos años: la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendido desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020. Sobre la mesa tienen una propuesta formal de la Comisión Europea que no es ideal para ningún Gobierno pero que es el punto de partida de la negociación. Y una propuesta parecida pero con retoques y defendida por los gobiernos español y holandés.
La llegada de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio pondrá la negociación en manos de la vicepresidenta Nadia Calviño, de quien su par alemán Christian Lindner dijo la semana pasada que era “la persona ideal” para tal labor. Calviño, antigua directora general de presupuestos de la Comisión Europea, es experta en un asunto técnicamente complejo y políticamente muy tóxico si las negociaciones se enconan. El hecho de tener la presidencia hará que Calviño deba mantener una postura neutral en la negociación aunque a nadie se le escapa en qué bando está España.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento murió de covid-19. La llegada de la pandemia hizo que la Comisión Europea activara su cláusula de suspensión porque el gasto disparado hubiera llevado a abrir expedientes y multar a todos. Nadie protestó, ni los tacañones defensores de la austeridad porque ellos también gastaron como si no hubiera mañana.
El problema de la suspensión es como la del genio. Cuando se le saca de la botella es imposible volver a meterlo. Y la suspensión se fue prolongando, justificándose después por la guerra en Ucrania hasta que en abril la Comisión Europea presentó su propuesta de reforma a sabiendas de que o se reforma o volverá a entrar en vigor el antiguo, que es políticamente inaplicable.
El pacto original era una camisa de fuerza que aplicaba las mismas políticas a países con el 61% de deuda o el 140%, en crisis o no, creciendo o no, con mucho desempleo o con poco. Nunca funcionó porque cuando hubo que imponer multas por incumplimientos estas eran tan grandes que no se impusieron. Además, como muchos ministros de Economía reconocen, su funcionamiento era demasiado complejo y su aplicación no era justa porque estaba sujeta a decisiones políticas.
El pacto falló si por fallar se entiende que ni evitó lo que buscaba evitar (que crecieran las deudas públicas) ni pudo funcionar en cuanto llegó una crisis como la pandemia. No generó crecimiento ni estabilidad y provocó un retraso inversor con respecto a China y Estados Unidos que Europa está todavía pagando.
La norma preveía que los gobiernos redujeran cada año una veinteava parte de la deuda que superaba el 60% del PIB. A los ajustes presupuestarios los llamaba “reformas estructurales”, lo que además manchó un término que ahora se intenta recuperar con los planes de recuperación ligados a los fondos Next Generation. De aplicarse ahora tal y como era (nadie lo cumplió) España y Francia tendrían que ajustar anualmente 2,6 puntos de PIB, Portugal más de 3 puntos, Italia casi 4 puntos y Grecia 5,5 puntos. Un disparate económico con previsibles revueltas políticas. El FMI lleva tiempo diciendo que ajustes así, además de hundir la economía, no consiguen su objetivo de reducir la deuda.
Bruselas sabe que debe contentar al ministro de Finanzas alemán Christian Lindner (que critica su propuesta, aunque esa crítica se daba por descontada) pero no quiere volver a la rigidez de aquel pacto. El plan ahora es que los gobiernos cuyo déficit supere el 3% del PIB (España cerrará el año, según la Comisión Europea, en el 4,4%) o el 60% de deuda pública (España tiene un 113%) deberán negociar con la Comisión una senda a medio plazo (cuatro años prorrogables a siete si se comprometen reformas e inversiones ligadas a ese plan) para reducir deuda y déficit.
¿Cuánto? 0,5 puntos de déficit al año hasta llegar al 3%. Eso para España sería un ajuste de 0,5 puntos en 2024, 0,5 puntos en 2025 y 0,4 puntos en 2026. El Gobierno, en su plan de estabilidad enviado a Bruselas, asegura que llegará al 2,9% a finales de 2024.
El gasto público (a excepción del servicio de la deuda y del gasto en pensiones de desempleo) no deberá crecer más que la tasa de crecimiento a medio plazo de la economía. Por eso Bruselas pide a España que el gasto público no crezca en los presupuestos de 2024 más de un 2,6%. Durante ese período la deuda pública no podrá subir.
A cambio, Bruselas señala donde están las inversiones más necesarias: transición ecológica y digital, derechos sociales, seguridad y defensa, sanidad y dependencia. Durante la presentación de su propuesta, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, dijo que el objetivo es “asegurar una reducción más gradual pero también más regular de los niveles de deuda, pero a la vez acelerando el crecimiento”.
11 de 27 países tienen ahora mismo un déficit público superior al 3%. 13 de 27 tienen una deuda pública por encima del 60%. Sólo nueve países (Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia) cumplen los dos criterios. El país cuya situación se parece más a la española es Francia (111,6% contra 113,2% de deuda y 4,7% contra 4,8% de déficit).
La negociación arranca con dos bloques. Alemania tiene el apoyo de 10 países, pero no todos son de la Eurozona y ninguno es de gran peso. Son: Austria, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo. Enfrente tiene a Francia, España, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica, Polonia y sorprendentemente a los Países Bajos, que se salieron en este asunto del bloque alemán de la austeridad.
En abril de 2022 Nadia Calviño y la ministra holandesa de Finanzas, Sigrid Kaag, presentaron una propuesta conjunta para esta reforma. Entonces se entendió que era un ejercicio teórico porque no había ni fechas para empezar a negociar. Pero a principios de junio Calviño y Kaag lanzaron repitieron el mismo mensaje. Aquel documento pide que las consolidaciones presupuestarias se hagan “de forma gradual y realista, pero también ambiciosa”. Rechaza las camisas de fuerza iguales para todos y pide, como la Comisión Europea, vías específicas para cada país.
La propuesta de Calviño y Kaag dice: “En un contexto de altos niveles de deuda, los Estados miembro deberían comprometerse de forma creíble a construir colchones fiscales para estar preparados para la próxima crisis a través de estrategias de consolidación específicas para cada país que sean realistas y graduales, pero también ambiciosas, así como compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo”.
El texto une las ideas que tradicionalmente defendió el Gobierno holandés (más rigidez y normas estrictas) con las de los gobiernos del sur (más flexibilidad y cada uno según su situación). Buena parte de sus ideas aparecieron después en la propuesta de la Comisión Europea, como la usar el techo de gasto como guía.
Calviño y Kaag también proponen “cláusulas de escape” individualizadas por país o que se tenga en cuenta la necesidad de invertir masivamente en las prioridades marcadas por la propia Unión Europea: transición energética, digital y últimamente Defensa. Kaag dijo a principios de junio: “Todas nuestras esperanzas están puestas en la Presidencia española y todas nuestras esperanzas están puestas en Nadia, cuya habilidad y capacidad nos ayudarán a lograr un paquete a finales de este año”.
Toca ahora tirarse al agua de los tiburones. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo este viernes: “Una regla uniforme y automática para todos sería un desastre”. Dos minutos antes, su homólogo alemán había dicho: “Es necesaria una regla automática”. El eje franco-alemán no está siempre de acuerdo.