El documento recalca que tanto las fuerzas de seguridad como los grupos armados tienen la capacidad de perpetrar violaciones de los Derechos Humanos gracias a la facilidad con que consiguen armas y munición.
"La situación en RDC demuestra la necesidad acuciante de que los gobiernos de todo el mundo se pongan de acuerdo en la adopción de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas exhaustivo en las negociaciones finales de julio en la ONU", ha manifestado la directora adjunta del Programa Regional para África de AI, Paule Rigaud.
El informe, titulado 'Los suministros de armas avivan los asesinatos y violaciones en RDC', apunta a la existencia de deficiencias en el aparato de seguridad del país, lo que facilita el desvío de grandes cantidades de armas y municiones a milicias armadas congoleñas, lo que aumenta el riesgo de violaciones y abusos del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos por ambas partes.
"Hasta que haya salvaguardias de derechos humanos, los Estados deben poner fin a las transferencias de material militar a países, como la RDC, en los que exista un riesgo sustancial de que tales suministros se utilicen para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos y ataques contra la población civil", ha puntualizado Rigaud.
Los principales países suministradores de armas a RDC son China, Egipto, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica y Ucrania. Asimismo, AI ha destacado que, en la mayoría de los casos examinados, las transferencias fueron aprobadas a pesar del riesgo de que los cargamentos se usaran para cometer abusos contra los Derechos Humanos o crímenes de guerra en el país.
Por ello, la organización ha exigido la existencia de un tratado que imponga a los Estados proveedores una evaluación rigurosa del peligro que entraña la venta de dichos cargamentos de armas. "Los Estados deben determinar si existe un riesgo sustancial de que el destinatario de las armas probablemente las utilice para perpetrar o facilitar graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos", ha recalcado la organización.
Además, AI ha solicitado que se detenga la venta en caso de que existan riesgos sustanciales en este sentido. "A menos de tres semanas de las negociaciones finales del Tratado sobre el Comercio de Armas, los gobiernos tienen una oportunidad histórica de asegurarse de que esto sucede", ha relatado Rigaud.
AI ha informado de que altos mandos de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) venden o entregan armas a grupos armados, incluso a aquellos contra los que luchan, y que estas milicias consiguen armas del Ejército cuando éste se repliega de las zonas de combate.
En este sentido, ha destacado el caso de un coronel al que se confió un camión cargado de munición y dinero para suministros que desertó y se unió a un nuevo grupo armado. DAÑOS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL
La organización ha recordado que, como ocurre en estos conflicto, es la población civil la que ha de soportar la mayoría de las consecuencias de esta existencia de flujos de armas incontroladas en el país, así como la falta de control e impunidad que los rodean.
Así, ha puesto como ejemplo el ataque perpetrado por el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) contra la localidad de Kiwanja en octubre de 2008, en el que fallecieron 150 civiles. El ataque fue ejecutado poco después de que la guerrilla saqueara un arsenal del Ejército en Rumangabo.
El entonces dirigente del CNDP, Laurent Nkunda, indicó en una entrevista a AI que había tomado Rumangabo en dos ocasiones y que no podría "ni calcular el número de armas que se sacaron de allí, eran muchísimas". "Tras la primera vez, las FARDC volvieron a llenar el almacén con armas de todos los calibres: cañones antiaéreos, cañones antitanque. Me las dio el gobierno. Me gustaría agradecerle a China que haya dado a las FARDC todas estas armas", manifestó.
Sin embargo, AI ha denunciado que las FARDC también cometen violaciones de los Derechos Humanos, entre ellas violaciones en masa. Así, ha recordado que el 31 de diciembre de 2010, el Ejército congoleño atacó el pueblo de Bushani, en Kivu Septentrional, y violó a alrededor de 50 mujeres, amenazándolas de muerte si se resistían. Algunos de los cartuchos encontrados posteriormente mostraron que eran de fabricación china.
La organización ha recalcado que el problema no existe únicamente en la zona este del país, la más conflictiva, sino que se han documentado violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad en Kinshasa antes y después de las elecciones de noviembre de 2011.
"Hace mucho tiempo que esos países que suministran armas a la DRC deberían llevar a cabo valoraciones de riesgo estrictas. Esto evitaría que el flujo de suministros de armas fuera utilizado por todos los bandos para cometer crímenes de derecho internacional", ha apostillado Rigaud.