Iparraguirre "dirigía los comandos de extorsión de fondos", indicó Durey al Tribunal de lo Criminal de París que la juzga junto a otros nueve presuntos etarras, incluido su compañero Mikel Albisu, considerado el jefe político de la banda cuando ambos fueron detenidos en una casa de Salies de Béarn (suroeste de Francia) el 3 de octubre de 2004.
Para ilustrarlo, aludió a un texto que se incautó en la casa que ambos ocupaban y en el que daba "consignas precisas" para la puesta en marcha de un comando "legal" (de activistas no fichados) que debía llevar a cabo una campaña de extorsiones de cuatro meses.
En otro documento citado por el oficial de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), Iparraguirre constataba el "efecto" beneficioso para los ingresos de ETA que había tenido el asesinato en 2000 del presidente de la patronal guipuzcoana José María Korta porque había provocado miedo a otros empresarios amenazados para que pagaran.
En Salies de Béarn se encontró una enorme cantidad de elementos contables y Durey detalló algunas tablas sobre los ingresos por el impuesto revolucionario: 1,4 millones de euros en el año 2002, "un poco más de un millón" en 2003 y 626.900 euros entre enero y comienzos de septiembre de 2004, lo que suponía en torno al 80% de las entradas de dinero para la banda en este último periodo.
En una nota preparatoria de la reunión mensual de julio de 2004 del comité ejecutivo (máximo órgano de decisión de la banda), según contó el oficial, la tesorería de ETA "se inquietaba mucho de la falta de ingresos desde comienzos de año" y también por el hecho de que la policía hubiera conseguido aprehenderles cerca de 100.000 euros con diversos arrestos de activistas.
Dos meses más tarde, en otro escrito preparatorio del comité ejecutivo de septiembre, la misma tesorería "se felicita de ingresos" encajados por el cobro de cuatro extorsiones a empresarios: una primera en agosto de 60.000 euros y tres en septiembre de 150.000, 13.200 y 9.000 euros.
Otro documento incautado en la casa de Iparraguirre y Albisu trataba del pago por un empresario que el 10 de enero de 2003 realizó un segundo abono a la banda de 72.000 euros (había hecho otro anteriormente de la misma cantidad) y que poco después los tres etarras que habían recibido el dinero fueron arrestados por la policía francesa en el suroeste del país.
Durey se refirió a otras notas que ponían en evidencia que "Anboto" entregaba a diferentes jefes de aparatos (como el militar) el dinero con el que funcionaban, así como diversas directrices que les enviaba a éstos para racionalizar los gastos y facilitar su supervisión.
Así, por ejemplo, la fiscalía mostró un texto de julio de 2004 en el que se establecía que cada etarra debía disponer a comienzos de cada mes de 1.500 euros, de ellos 600 para los gastos del mes en curso, otros tantos para el siguiente y 300 para hacer frente a eventuales problemas de seguridad, como quedar aislado de su grupo.