El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ha explicado que el estado de emergencia permitirá encerrar a los presos durante todo el día y suspender las visitas de familiares, así como realizar registros en las viviendas y los locales cercanos a las cárceles, que "han venido usando (las pandillas) para mantener su influencia".
Además, como parte del operativo, las fuerzas de seguridad han trasladado a 299 reos procedentes de las cárceles de San Francisco Gotera, Ciudad Barrios, Chalatenango, Cojutepeque e Izalco a la prisión de Quezaltepeque.
Estos reclusos son los supuestos líderes de las organizaciones criminales que funcionan en las cárceles, por lo que han sido enviados a Quezaltepeque en busca de la máxima seguridad, ya que sus instalaciones han sido remodeladas recientemente.
"Con estas medidas se busca evitar la comisión de delitos desde los centros penitenciarios y llevar seguridad a la población salvadoreña", ha dicho el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén a través de un comunicado, según informa el diario local 'La Prensa Gráfica'.
El Gobierno ya avanzó que tomaría medidas en respuesta a la masacre de San Juan Opico, perpetrada el pasado 4 de marzo en esta localidad y supuestamente orquestada desde las cárceles de Izalco y Ciudad Barrios. Pandilleros mataron a ocho trabajadores de una empresa energética y a tres campesinos que fueron testigos del crimen.