Son concretamente emolumentos o tarifas que recoge la Administración Civil, el organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en el territorio palestino ocupado, con motivo de licitaciones o concursos públicos.
La cifra puede llegar a alcanzar los 80 millones de shekels (16 millones de euros o 21,6 millones de dólares) anuales.
El derecho internacional prohíbe a la potencia ocupante (en este caso Israel) apropiarse del usufructo de actividades económicas en territorio ocupado (Cisjordania), sea o no fruto de la población que allí ha desplazado, también en vulneración de la ley internacional.
Acuerdos de Oslo
Hasta la firma de los Acuerdos de Oslo, en 1993, esos fondos se trasferían a la Administración Civil para cubrir sus gastos operativos y para destinarlos a infraestructuras y servicios sociales en los territorios palestinos.
Desde entonces, la Administración Civil -que debería haber desaparecido a partir de los acuerdos- ha seguido operando, pero sin esos fondos, que han acabado en las arcas del Estado.
A raíz de las protestas de abogados militares, Maljiel Blas, vice fiscal general israelí, ha pedido el fin de esta práctica y ordenado que se investigue si la Administración Civil debería ser compensada de forma retroactiva.
El Ministerio israelí de Finanzas considera por su parte que "la cuestión de si los fondos se registran como ingresos del Estado o de la Administración Civil es meramente técnica porque al final el Estado de Israel invierte en la zona cantidades considerablemente superiores a las tarifas que recauda".