El presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el salvadoreño Joaquín Maza, suspendió hasta el jueves la sesión extraordinaria convocada para recibir el informe del secretario general, José Miguel Insulza, sobre la crisis, que se desató por la presencia de militares nicaragüenses en una parte del territorio en disputa y el dragado del río San Juan.
Después de las gestiones que efectuó en ambos países centroamericanos, Insulza indicó en su informe que comprobó "la existencia de potenciales espacios de entendimiento".
En este sentido, aseguró que "un avance en esta dirección se produciría si Costa Rica y Nicaragua adoptaran" sus recomendaciones.
En concreto, Insulza propuso que ambas naciones celebren la octava reunión de la comisión binacional para tratar con carácter urgente aspectos de la agenda bilateral en el más breve plazo, lo que significa a más tardar en la fecha originalmente acordada, el 27 de noviembre, y con el acompañamiento de la OEA.
También recomendó que retomen de inmediato las conversaciones sobre la demarcación de la línea fronteriza, conforme a los tratados existentes, y que, con el fin de generar un clima propicio al diálogo, "eviten la presencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad en áreas donde su presencia pudiera generar tensión".
Por último les pidió que revisen y refuercen los mecanismos de cooperación entre ambos países para prevenir, controlar y enfrentar el narcotráfico, el trafico de armas y el crimen organizado.
Pese a que tanto la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, y el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, aseguraron que, "si bien la situación se ha tensado, no existe deseo alguno de que escale al nivel de la confrontación", y "manifestaron reiteradamente su interés en dar prioridad al diálogo", según Insulza, las dos partes siguen sin poder acercar sus posiciones.
Tanto es así que las dos delegaciones intentaron hoy negociar un texto de resolución hasta última hora, lo que provocó que se retrasara la sesión extraordinaria más de un ahora.
El embajador de Costa Rica ante la OEA, Enrique Castillo, que estuvo acompañado por su canciller, René Castro, presentó un texto de "buena fe, integral y comprensivo", pero la contrapropuesta de Managua era "inaceptable", porque no hacía referencia a la retirada de tropas, al "cese de la invasión", explicó.
"Es una burla para los esfuerzos que ha realizado la OEA, para Costa Rica, para el Sistema Interamericano, para la paz en la región, que un país invasor, agresor, se conduzca de esa manera", destacó el embajador.
Su homólogo nicaragüense, Denis Moncada, rechazó las acusaciones de Costa Rica y reiteró que Nicaragua no ha invadido ningún territorio.
Acusó a Costa Rica de usar mapas "manipulados y viciados" en una "estrategia cargada de mala fe" enfocada a "alterar los derechos de Nicaragua en el río San Juan utilizando la presión y el chantaje político en organismos internacionales".
Moncada sostuvo además que el diferendo "ha sido generado por narcotraficantes" interesados en plantear "falsas denuncias" ante Costa Rica para "proteger sus actividades ilícitas".
Castillo respondió en el turno de réplica que no hay tiempo que perder, porque en su país "uno se siente ultrajado".
"No puede rehusarse a intervenir. No puede reconducirnos a un diálogo estrictamente bilateral; primero que intervenga, que se retiren las tropas y después, en acompañamiento de la OEA, hablamos", insistió.
Después dijo a periodistas que su país pedirá una reunión de consulta de cancilleres del organismo si Nicaragua no cede.
Pese a todo, Insulza aseguró que "las posiciones no están muy divididas", pero pidió un gesto de "buena voluntad".
"Yo solamente estoy pidiendo que los dos países se abstengan de colocar fuerzas en un espacio de tres o cuatro kilómetros cuadrados en el que nunca las tuvieron. No creo que sea demasiado pedirles a los dos países para los efectos de iniciar una negociación y la paz", dijo.