Las autoridades no ocultan su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el país, especialmente en varias regiones del suroeste, desde que el presidente Juan Manuel Santos asumió el poder el pasado 7 de agosto, hace poco más de un mes.
Al caer la noche, el Ministerio de Defensa confirmó que los muertos fueron ocho patrulleros de la Policía, en tanto que cinco más resultaron heridos.
Inicialmente, el presidente Juan Manuel Santos, había dicho que eran nueve los policías asesinados.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia también confirmó que ocho policías murieron, dos están desaparecidos y por lo menos diez resultaron heridos. En el comunicado agregó que el ataque también dejó "un saldo de dos civiles muertos y un número indeterminado de personas heridas".
Asimismo, explicó que el pasado 16 de agosto, a través del Sistema de Alertas Tempranas, advirtió sobre "probables acciones violentas del Frente 48 de las FARC y del grupo autodenominado "Los Rastrojos", en donde se prevén situaciones de riesgo para la vida y la integridad personal de los habitantes de San Miguel.
El ataque de las FARC de esta madrugada en el departamento selvático de Putumayo (suroeste), que -según Santos- se ha cobrado la vida de nueve policías, es uno de los más graves junto con la emboscada del 1 de septiembre de esa misma guerrilla en la vecina región del Caquetá, donde otros 14 policías fallecieron.
La tragedia de hoy se produjo cuando presuntos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) intentaron ingresar con fusiles, ametralladoras y explosivos al casco urbano del municipio de San Miguel (Putumayo), fronterizo con Ecuador, y fueron combatidos por policías.
Además de los ocho policías muertos, dos guerrilleros perdieron la vida y otros dos agentes fueron heridos, varios civiles lesionados, algunos de los cuales están siendo atendidos en centros de Ecuador, y un número indeterminado de uniformados desaparecidos, de acuerdo con el último balance de las autoridades.
Los Gobiernos de Colombia y Ecuador acordaron activar de inmediato la Comisión Binacional de Frontera (Combifron) para reforzar la seguridad en la frontera común.
La Combifron, que coordina, evalúa y supervisa la cooperación militar y policial en materia de seguridad fronteriza, fue reactivada en octubre pasado dentro del proceso para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde marzo de 2008.
Además, en el municipio de Villagarzón, en Putumayo, una marcha convocada originalmente en rechazo al secuestro, que congregó a unas 3.000 personas, se convirtió espontáneamente en un acto de repulsa por el ataque de las FARC a San Miguel.
Por su parte, Santos condenó el ataque durante una visita al municipio de Mompox, en Bolívar (norte), y anunció que presidirá un consejo de seguridad extraordinario esta misma tarde en Bogotá para analizar el combate a las guerrillas.
El mandatario, quien ha dejado claro que solo dialogará con las guerrillas si dan muestras de que van a abandonar el terrorismo y el secuestro, reiteró hoy que su Gobierno va a seguir combatiéndolas con "más fuerza y determinación".
"Si creen que ataques como éste nos van a debilitar, se equivocan de cabo a rabo. Todo lo contrario, eso lo que hace es llenarnos de más determinación, de más contundencia, porque no vamos a descansar un solo segundo hasta que no tengamos la plena paz en este país", enfatizó Santos.
Además de los nueve policías muertos hoy y de los 14 que fallecieron el 1 de septiembre en Caquetá, cinco soldados fueron asesinados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el domingo pasado en un paraje del municipio de El Bagre, en Antioquia (noroeste).
Tres policías más perdieron la vida en ataques de las FARC cerca de las fronteras con Ecuador y Venezuela la semana pasada y otros seis perecieron hace tres días en una incursión conjunta de esa guerrilla y el ELN en una zona rural de Samaniego, en Nariño (suroeste).
A una acción conjunta de ambas guerrillas atribuyen también las autoridades el atentado del pasado miércoles contra la sede de la central estatal de inteligencia en Pasto, la capital de Nariño, que dejó 13 heridos y cuantiosos daños en una veintena de edificios.
Precisamente hoy, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, denunció el incremento de la violencia en las zonas rurales de la costa pacífica de esta región, donde en los últimos días han aparecido varios cadáveres de jóvenes despedazados con hachas.
También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó del significativo aumento del desplazamiento forzoso entre campesinos e indígenas del sur de Colombia a causa de la reciente intensificación del conflicto armado.
ACNUR, que toma datos de la oficina gubernamental de Acción Social, asegura que, sólo en el Meta y Guaviare (ambos departamentos del sur), unos 250.000 lugareños se han visto obligados a abandonar sus hogares desde principios de agosto pasado.