El Parlacen pierde a un miembro por la retirada de Panamá

AGENCIA EFE 25/11/2010 00:00

Al cumplirse el plazo requerido de un año para su salida de este organismo desde que comunicó formalmente su retiro, el 23 de noviembre de 2009 en Guatemala, sede del organismo centroamericano, el Gobierno panameño anunció el martes oficialmente su retirada.

No obstante, el presidente de turno del Parlacén, el diputado panameño Dorindo Cortez, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), anunció hoy en conferencia de prensa en panamá que el organismo solicitará a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que ejecute la sentencia adoptada en octubre pasado.

En esa oportunidad, la CCJ resolvió que Panamá no puede denunciar ni retirarse unilateralmente del Tratado Constitutivo del Parlacen y ordenó a este país abstenerse de adoptar medidas unilaterales que vulneren los principios y propósitos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

La Cancillería panameña dijo el martes en un comunicado que el retiro "es una decisión soberana e irrevocable del Estado Panameño".

Recordó asimismo al resto de países miembros del SICA que durante su presidencia Pro Témpore, de enero a junio pasados, "presentó una propuesta para crear una nueva institucionalidad parlamentaria regional representativa, transparente y efectiva".

La salida del Parlacen, que se registra hoy tras la entrada en vigor de la Ley 78, sancionada hace un año por el presidente panameño para este efecto, fue una de las promesas de campaña de Martinelli, quien siempre consideró al foro político como un órgano "inoperante" y "una cueva de inmunidades".

El gobierno panameño debió de recurrir a la aprobación de esa ley al rechazar Guatemala y Nicaragua sus pretensiones de que los demás miembros aceptasen por unanimidad su retirada, que fue su primera opción.

Esa norma derogó una ley aprobada el 16 de mayo de 1994, durante la administración del presidente Guillermo Endara (1990-1994), que aprobó la adhesión de Panamá al Tratado Constitutivo del Parlacen y otras instancias políticas, firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987.

También dejó sin efecto otra ley que data del 27 de enero de 2005, que sancionó el Cuarto Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, suscrito también en Guatemala el 26 de febrero de 2004 para admitir la adhesión de República Dominicana.

Por su parte, el ex mandatario panameño Martín Torrijos (2004-2009), que actualmente ocupa un escaño en el Parlacen en su calidad de ex presidente, dijo a la prensa que Panamá se equivocó al retirarse del organismo y que esta decisión "contribuye al debilitamiento" del SICA.

"Quién puede entender a un Estado que, por un lado, dice que está comprometido con la integración y se empeña en firmar acuerdos comerciales y, por otro lado, sin ninguna razón, se retira del Parlacen", señaló Torrijos al diario local La Estrella.

En esa misma línea, el diputado Cortez indicó que mantener a Panamá en la organización regional era garantía de velar por los intereses del sistema de integración, por los propios intereses del país y del acuerdo de asociación firmado con la Unión Europea (UE).

"Realmente no es atinado, y el gobierno debe entenderlo así, descabezar de alguna manera un parlamento que ha profundizado en sus facultades y en sus tareas en beneficio de la integración", aseguró Cortez.

Informó de que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se tramita una denuncia contra Panamá "para que se revisen las violaciones que se están cometiendo en contra de los diputados democráticamente electos en este país".

Señaló, asimismo, que el jurista internacional panameño Julio Berrío prepara una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 78.

El Parlacen, creado en 1991, está integrado por 20 diputados de cada Estado miembro; los ex presidentes y ex vicepresidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, y 22 parlamentarios designados por la República Dominicana.

Costa Rica no se ha adherido a este foro, y México, Venezuela, Puerto Rico y Taiwán figuran como países observadores.