La controversia en torno la inyección letal se ha estado gestando en los últimos años después de que los fabricantes europeos, incluido el fabricante de 'pentobarbital' --con sede en Dinamarca--, prohibiesen a las prisiones estadounidenses el uso de sus medicamentos en las ejecuciones.
Muchos estados han luchado para encontrar los productos desde el extranjero o han utilizado las farmacias de compuestos especializados para crear sustitutos, según ha informado la cadena estadounidense CNN.
En 2008 el Tribunal Supremo de Nebraska --último estado en usar la silla eléctrica-- declaraba inconstitucional la pena de muerte por electrocución y dicha pena quedaba totalmente desterrada en Estados Unidos por ser un castigo "cruel y excepcional".
Sin embargo, aunque la inyección letal es el método de ejecución principal en todos los estados que tienen la pena capital, algunos de ellos permiten que los reclusos elijan si prefieren morir por electrocutados, ahorcados o fusilados.
En declaraciones a la agencia Reuters, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, advirtió el pasado mes de abril --cuando el Senado aprobó el proyecto de ley-- de que estallarían las batallas judiciales si un preso fuese condenado a la silla eléctrica.