Las autoridades nacionales seguirán teniendo el control de la gestión de sus fronteras en el "día a día", pero podrán apelar a este cuerpo en situaciones de crisis.
Entre las novedades de la nueva agencia destaca la puesta en común obligatoria de recursos humanos, para lo que se deberá garantizar una reserva de "al menos 1.500 guardias de fronteras".
Si el Estado miembro con problemas para controlar su paso fronterizo no pide ayuda, el Consejo podrá tomar la iniciativa y plantear medidas urgentes, en una decisión que deberá adoptarse por mayoría cualificada de los 28.
Si un país se niega a cooperar con la agencia, se interpretará como un "riesgo" para el buen funcionamiento del espacio de libre circulación Schengen y abrirá la puerta a activar el artículo 29 que, en la práctica, supone reintroducir de manera temporal los controles en las fronteras interiores.
"A partir de ahora, Europa tratará la protección de sus fronteras como una misión común de solidaridad", ha celebrado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, impulsor de esta iniciativa.
El ministro de Inmigración holandés y presidente de turno de la UE, Klaas Dijkhoff, ha asegurado que este acuerdo responde a una "necesidad urgente" de que la UE refuerce su frontera exterior de una manera estructurada; al tiempo que ha confiado en que el cuerpo esté en marcha "tan pronto como sea posible".
Aunque no hay un calendario claro para su inicio -el acuerdo requiere aún de la ratificación formal del pleno de la Eurocámara y de los 288--, Bruselas ha dicho que espera que esté operativo "este verano".