Hoy se cumple un año de la primera consulta, en la que se impuso el rechazo al Tratado de Lisboa, y ahora la UE quiere definir una serie de puntos que aseguren a los irlandeses que la legislación europea no afectará a asuntos muy delicados en ese país, como la legislación sobre la familia o la neutralidad.
La discusión a nivel de embajadores ante la UE prevista para tratar estas garantías fue suspendida ayer, debido a algunos problemas surgidos en los debates bilaterales que Irlanda mantiene desde hace algunas semanas con el resto de países miembros.
Sin embargo, una fuente diplomática restó hoy importancia a esa suspensión, al señalar que la cuestión "avanza razonablemente bien" y se espera encontrar un punto de acuerdo en los próximos días.
La Presidencia checa de turno de la UE tiene previsto que la primera discusión de un texto tenga lugar el martes, con el objetivo de "avanzar el mayor terreno posible" antes de la cumbre del jueves y el viernes próximos en la que se debe lograr la aprobación, dijo otra fuente diplomática.
En diciembre pasado, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno acordó, tras una exposición del primer ministro irlandés, Brian Cowen, que se darán garantías jurídicas acerca de que ninguna disposición del Tratado de Lisboa afectará a las competencias fiscales de los países, tampoco a la neutralidad de Irlanda ni a la legislación familiar.
Esta última cuestión es fundamental en un país donde el aborto sigue siendo ilegal y hay una fuerte oposición al matrimonio homosexual.
Lo que los Estados comunitarios discuten ahora es cómo se ponen de acuerdo en el contenido concreto de esas garantías y sobre el mecanismo jurídico que se emplea.
Ambas cosas están siendo estudiadas con mucho detalle, tanto para ayudar en lo posible al Gobierno de Dublín a ganar el segundo referéndum, que se celebrará con toda probabilidad en octubre próximo, como para no causar hipotecas futuras en el funcionamiento de la Unión.
Por ejemplo, hay una discusión entre diplomáticos y funcionarios europeos acerca de si podría ser más conveniente emplear la fórmula del protocolo (que tiene que ser ratificado por los veintisiete países de la UE) o la de una decisión unánime del Consejo Europeo.
El protocolo es el mecanismo preferido por Dublín, según explicó otra fuente comunitaria, ya que tiene la ventaja de ser muy difícil de modificar, pero su ratificación sería larga y podría reabrir el espinoso debate en países como el Reino Unido o Polonia sobre la ratificación del Tratado de Lisboa.
En cambio, la decisión del Consejo sería efectiva de forma muy rápida, ya que no necesita ratificación, y su modificación es más flexible, aunque requiere la unanimidad, por lo que Irlanda siempre puede oponerse.
Además, la UE se comprometió en diciembre a que, si el Tratado de Lisboa entra en vigor, no habrá una reducción del tamaño de la Comisión Europea (CE), por lo que este organismo seguirá teniendo un miembro de cada país comunitario.
El mantenimiento del número de miembros de la CE está condicionado a que el Tratado de Lisboa entre en vigor, por lo que, irónicamente, si los irlandeses vuelven a rechazar el texto pueden encontrarse con que, según las reglas del texto actualmente en vigor, el de Niza, la Comisión se reduce.