La medida, difundida a través de un comunicado en la página web de la Presidencia, es la tercera de estas características que toma el Ejecutivo uruguayo desde que el actual mandatario, el ex guerrillero José Mujica, llegó al poder el 1 de marzo pasado.
El Gobierno explicó que Castro "fue detenido el primero de agosto de 1977 y, según las investigaciones periodísticas, falleció el 3 de agosto debido a las heridas provocadas por los intensos interrogatorios".
Castro, recuerda la Presidencia, fue "un prominente maestro" que centró sus esfuerzos en la educación rural y fundó el semanario Marcha, liderado por el periodista Carlos Quijano.
El boletín agrega que un periodista brasileño llamado Flavio Tavarez Freitas, que estuvo "detenido en el centro clandestino denominado 'La Casona' junto a Castro", asegura que el maestro uruguayo compartió el cautiverio con él.
"Probablemente el maestro Julio Castro falleció el 3 de agosto de 1977, a causa de las heridas provocadas por las torturas sufridas", agrega el texto.
A principios de julio pasado, las autoridades informaron de que el caso del hijo de Mary Elena Gil Rodríguez, un bebé desaparecido de un hospital de Montevideo durante aquella época, también quedaba excluido de la Ley de Caducidad, promulgada en 1986 y ratificada por los uruguayos en las urnas mediante un referendo en 1989 y 2009.
Gil Rodríguez tuvo a su hijo Roberto en el hospital Pereira Rossell el 14 de noviembre de 1973 y un día después le dijeron que el bebé había fallecido.
A poco de asumir la Presidencia, Mujica permitió también proseguir con la investigación del caso de Roberto Gomensoro Josman, un profesor de apoyo de la facultad de Agronomía y militante de la izquierda que desapareció en 1973.
Su cuerpo fue enterrado sin identificar en un cementerio de Tacuarembó, en el norte de Uruguay, pero un forense que actuó en el caso guardó el cráneo y los restos pudieron ser identificados en 2000 por análisis genéticos.
El antecesor de Mujica, Tabaré Vázquez, del Frente Amplio como él y que fue el primer presidente de izquierdas de la historia de Uruguay, dejó fuera del alcance de la Ley de Caducidad una serie de casos relacionados con la desaparición o asesinato de disidentes uruguayos fuera del país o en camino de Uruguay.