"No llevaré a ningún refugiado allí para que se quede, no en estas condiciones", ha dicho Nat Jit Lam, representante regional del organismo, en declaraciones a la emisora australiana ABC Radio. "Hay maquinaria pesada y no se han levantado las vallas", ha agregado.
Sin embargo, la ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, ha afirmado que "no tiene sentido" que los detenidos sigan en Manus habiendo alojamiento alternativo, si bien ha dicho que Canberra no se hace responsable de su seguridad.
Cerca de 600 de los internos del centro de detención de la isla de Manus se han negado a abandonar las instalaciones, que cerraron el martes después de que el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea determinara en 2016 que el mismo era "anticonstitucional".
Las autoridades de Papúa Nueva Guinea indicaron que el centro cerraría y que las instalaciones serán entregadas al Ejército y advirtiendo de que cualquier persona que no las abandone podrá ser retirada por la fuerza de lo que ya sería una base militar.
Asimismo, señalaron que a partir de entonces se cortaría el suministro eléctrico y el agua y detendrían la entrega de comida, añadiendo que el personal abandonaría también las instalaciones. Los que continúan en el centro están racionando los suministros para mantener la protesta.
Las autoridades han explicado que los internos --solicitantes de asilo en Australia en su totalidad-- serán reubicados en tres localizaciones diferentes en la ciudad de Lorengau, si bien cientos de ellos se niegan a salir por temor a represalias por parte de la población.
Kate Shuetze, investigadora de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI), indicó el martes que los internos están también preocupados por cómo podrán comprar comida y medicinas una vez sean trasladados.
"Básicamente no existe un plan para que puedan reconstruir sus vidas, lo que es muy alarmante", manifestó, en declaraciones a la cadena de televisión australiana ABC.
"No hemos oído a las autoridades de Papúa Nueva Guinea pronunciarse sobre si estas personas podrán trabajar en la comunidad o si podrán desplazarse libremente en el país", añadió.
En este sentido, Shuetze resaltó que "de hecho, lo que se ha oído es lo contrario, y todas las indicaciones sobre estos nuevos centros y su seguridad apunta a que les trasladan de una prisión a otra sin una lógica racional".
Los solicitantes de asilo relataron en mayo que el cierre inminente de las instalaciones había aumentado la presión sobre ellos por temor a que estos traslados precipiten la deportación de quienes ya han rechazado la oferta australiana de retorno voluntario.
Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han criticado el campo de Manus, uno de los dos creados por Australia en el Pacífico Sur, por las precarias condiciones, que incluyen una atención médica insuficiente y violencia.
El Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea declaró en 2016 que el campo para refugiados de Manus era ilegal y debía cerrarse, obligando a Australia a anunciar su clausura para 2017.
Según la legislación australiana, todo aquel que es interceptado tratando de llegar al país por vía marítima es enviado a las islas de Nauru y Manus para someterse a un proceso de registro que, en ningún caso, terminará con el reasentamiento en Australia.
La Administración estadounidense de Barack Obama llegó a un acuerdo con las autoridades australianas para acoger a algunos refugiados, pero el nuevo Gobierno de Donald Trump se ha negado.