Este plan tiene lugar tras la decisión tomada en agosto por la Corte Suprema de Justicia de Israel, por la que aprueba la controvertida política del Gobierno de Israel sobre reubicación forzosa de marzo de 2015, siempre que se den ciertas garantías en terceros países.
Desde el comienzo de este programa en diciembre 2013 a junio 2017, 4.000 eritreos y sudaneses han sido reubicados en dos países africanos -concretamente Ruanda y Uganda-, bajo un programa gubernamental de "salidas voluntarias", según la agencia de la ONU.
ACNUR ha lamentado además "el secretismo" en torno a esta política y denunciado "la falta de transparencia sobre su implementación", lo que ha dificultado hacer un seguimiento y monitorear sistemáticamente la situación de las personas reubicadas en estos países.
"Como país firmante de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, Israel tiene la obligación legal de proteger a los refugiados y a otras personas que necesiten protección internacional" ha declarado el Asistente del Alto Comisionado para Protección, Volker Türk.
"ACNUR y la comunidad internacional han estado apoyando a Israel para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluyendo a través del reasentamiento o encontrando otras soluciones duraderas para 2.400 refugiados que han salido de Israel en los últimos dos años", ha añadido.
Hay en torno a 27.500 personas de Eritrea y 7.800 de Sudán en Israel. Desde que Israel retomó de ACNUR la determinación del Estatuto de Refugiados en 2009, sólo ocho eritreos y dos sudaneses han sido reconocidos como refugiados por las autoridades. Otros 200 sudaneses, todos ellos de Darfur, han recibido recientemente estatus humanitario en Israel.