La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Jordania bloquea el acceso a la sanidad a los refugiados sirios, a través de obstáculos administrativos que se ven alimentadas por la falta de apoyo de la comunidad internacional.
En su informe 'Vivir en los márgenes: Los refugiados sirios luchan por lograr acceso a la sanidad en Jordania', la ONG relata los casos de refugiados necesitados de atención médica por heridas sufridas durante el conflicto cuya entrada al país es rechazada en la frontera.
Asimismo, revela cómo los refugiados sirios que viven fuera de los campamentos quedan al margen del sistema sanitario debido a su incapacidad de pagar las nuevas tasas impuestas en noviembre de 2014 o por carecer de documentación adecuada.
"La gran mayoría de los refugiados sirios en Jordania vive fuera de los campamentos, en zonas urbanas y en la pobreza. Los largos procedimientos democráticos y las tasas adicionales suponen grandes obstáculos para los que necesitan tratamiento médico", ha dicho el director para Refugiados y Migrantes de AI, Sherif Elsayed Alí.
"Las tasas impuestas por Jordania pueden no parecer altas, pero no son asumibles para la mayoría de los refugiados, que luchan para alimentar a sus familias, por lo que quedan sin la ayuda esencial que necesitan", ha agregado.
En este sentido, ha recalcado que "un mayor apoyo internacional en la forma de nuevos lugares de reasentamiento para los refugiados y mayor ayuda financiera podría suponer un mundo, al permitir a las autoridades jordanas reforzar el sistema sanitario y retirar las barreras".
AI ha recalcado que, a finales de 2015, sólo se habían satisfecho el 26 por ciento de las peticiones de financiación a nivel sanitario del Plan de Respuesta de Jordania a la Crisis Siria, lo que ha provocado que el 58,3 por ciento de los adultos sirios con enfermedades crónicas no tengan acceso a medicinas y otros servicios.
Así, ha manifestado que, de los 630.000 refugiados sirios registrados en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Jordania, 117.000 viven en tres campamentos, mientras que el resto lo hace fuera y necesita documentos especiales.
Los refugiados que han abandonado los campamentos de forma no oficial o que han vuelto a Jordania tras viajar a Siria no pueden obtener esta documentación, por lo que no pueden acceder tampoco a los servicios sociales.
CASOS DOCUMENTADOS
Sarah, una refugiada siria que perdió una pierna a los ocho años de edad en un ataque con cohetes, viajó a Jordania con su familia para recibir tratamiento, lo que logró en el campamento de Zaatari.
Sin embargo, la familia abandonó el lugar a consecuencia de amenazas de otros refugiados, y desde entonces no ha podido recibir atención médica a causa de la falta de dicha documentación especial.
Por su parte, tres mujeres entrevistadas por AI y que han dado a luz recientemente en un hospital de una ONG en la ciudad de Irbid han afirmado que recibieron pruebas prenatales con retraso debido a que no podían pagar las tasas.
"Pese a que Jordania está sin lugar a dudas bajo una gran presión por acoger a cientos de miles de refugiados de Siria con un apoyo internacional limitado, las autoridades no pueden ignorar su obligación de garantizar que todas las personas tienen acceso a los servicios sanitarios", ha recalcado Elsayed Alí.
RESTRICCIONES EN LA FRONTERA
En otro orden de cosas, AI ha recordado que Jordania ha impuesto desde 2012 restricciones al acceso al país de sirios que intentan huir del conflicto, ya se a través de cruces fronterizos formales o informales.
Así, ha asegurado haber recabado informaciones que apuntan a que, pese a que el Gobierno dijo que garantizaría la entrada por motivos médicos, algunas personas heridas o con necesidad de recibir atención médica estaban siendo rechazadas, con algunas de ellas muriendo en la frontera.
"Cerrar la frontera a los que necesitan asilo, estén o no estén heridos, es una violación por parte de Jordania de sus obligaciones internacionales", ha valorado Elsayed Alí.
"No dejar entrar a gente que huye de zonas de conflicto con heridas graves porque no tienen documentos identificativos muestra una alarmante falta de compasión y una lamentable falta de respeto por su derecho a la salud y la vida", ha remachado.