El Tribunal Superior de la Provincia de Gauteng ha dictaminado este lunes que la decisión del Gobierno sudafricano de no detener a Al Bashir es inconsistente con la Constitución y ha agregado que el Ejecutivo debería haber actuado desde el momento de su llegada al país a la espera de una petición formal por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Sin embargo, Al Bashir ha podido abandonar el país esta mañana a pesar de una orden cautelar que impedía su salida. "El papel de Sudáfrica estaba claro desde el día en el que el presidente Al Bashir llegó al país. Debería haber detenido y entregado al presidente al TPI para hacer frente a los crímenes de guerra de los que se le acusa", ha asegurado el director de Investigación y Relaciones Institucionales de AI, Netsanet Belay.
"Con este fracaso de entregar al presidente Omar al Bashir al TPI durante su estancia en el país, las autoridades de Sudáfrica, bajo el liderazgo del presidente Jacob Zuma, han procedido a la inacción y han ayudado a Al Bashir a evadir la justicia", ha afirmado Belay.
"Es completamente inaceptable y escandaloso para Sudáfrica, como miembro del TPI, ignorar sus obligaciones internacionales de esta forma y dar carta blanca a la impunidad", ha remachado. "No sólo ha dañado al compromiso del país con el TPI, sino que ha pisoteado los derechos y esperanzas de justicia de todas aquellas personas que han muerto y se han visto desplazadas durante la guerra de Darfur", ha denunciado.
PROCESO EN EL TPI
El domingo el TPI publicó un requerimiento por el que solicitaba a Sudáfrica como país firmante del Estatuto de Roma, piedra fundacional de la corte, el arresto inmediato de Al Bashir, imputado en 2009 por su responsabilidad en la represión de la revuelta de grupos no árabes de Darfur.
Según Naciones Unidas, cerca de 300.000 personas (100.000 según Sudán) fueron asesinadas y otros dos millones tuvieron que huir de sus hogares durante los once años de conflicto en esta región.