La Comisión Europea ha lanzado este viernes una investigación en profundidad para verificar si los beneficios fiscales otorgados por España para la adquisición de buques vulneran las normas de la UE en materia de ayudas públicas.
El régimen investigado posibilita que las compañías navieras adquieran buques, bajo determinadas condiciones, a un precio entre un 20% y un 30% inferior a las tarifas de mercado. Ello podría favorecer indebidamente, según Bruselas, a los inversores y empresas que participan en este régimen.
"La UE necesita una industria marítima competitiva a nivel internacional, por lo que permite un régimen impositivo favorable, en función del tonelaje, con objeto de que las empresas no deslocalicen sus actividades. La apertura de la investigación no cuestiona el principio de este impuesto", ha explicado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en un comunicado.
"Sin embargo, la Comisión debe garantizar que este régimen español no excede de lo permitido por la normativa de la UE y no crea distorsiones indebidas de la competencia en el mercado interior", ha resaltado Almunia.
La apertura de la investigación permite a todas las partes interesadas formular sus observaciones, pero no prejuzga el resultado final, según ha señalado el Ejecutivo comunitario.
El régimen español permite que una empresa de transporte adquiera un barco a través de una estructura contractual y financiera compleja y no directamente a un astillero, a un precio hasta un 30% inferior a los precios del mercado.
Según la información de que dispone Bruselas, estas estructuras complejas son creadas por bancos españoles y, en general, están integradas por una sociedad de leasing, contribuyentes españoles que quieren reducir su base imponible y una agrupación de interés económico (AIE), beneficiaria inicial de las medidas fiscales en cuestión. La aplicación de determinadas medidas fiscales necesarias para este régimen requiere la aprobación previa de la administración tributaria.
En estos momentos, la Comisión considera que este régimen contiene elementos de ayuda estatal en beneficio de las AIE, los contribuyentes que invierten en ellas y las compañías navieras que adquieren los buques, así como, en su caso, en beneficio de los astilleros y de algunos intermediarios.
La legislación comunitaria permite a los Estados miembros ayudar a las compañías navieras a seguir siendo competitivas a nivel internacional, en particular mediante la aplicación de un impuesto sobre los beneficios basado en el tonelaje de sus flotas.
Hasta la fecha, la Comisión ha autorizado el régimen impositivo basado en el tonelaje de 16 Estados miembros.