"Los cargos de piratería formulados contra los activistas del buque 'Artic Sunrise', de Greenpeace, son manifiestamente infundados," ha afirmado Amnistía Internacional. "Es evidente que los activistas desarmados de Greenpeace no son piratas", ha advertido el director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía, John Dalhuisen.
Los cargos "carecen de base en la ley y en la realidad, y es enormemente perjudicial hacer unas acusaciones tan graves de forma tan imprudente", ha proseguido. "Los activistas de Greenpeace deben ser puestos en libertad bajo una fianza razonable y tener pleno acceso a abogados defensores, pendientes de un posible juicio", ha manifestado Dalhuisen.
Las fuerzas de seguridad, que abordaron el barco de Greenpeace a última hora del pasado jueves, detuvieron a alrededor de 30 activistas de la organización. Según éstos, los agentes llevaban armas de fuego con las que hicieron disparos al aire y al agua, y cuchillos con los que rasgaron los botes hinchables. Rodearon a la tripulación del barco a punta de pistola y, según los informes citados por AI, destrozaron la sala de radio que se usa para las comunicaciones.
Los activistas protestaban contra las perforaciones en el Ártico, cerca de Prirazlomnaya, una plataforma de perforación del Mar de Pechora situada en las proximidades del archipiélago de Novaya Zemlya, frente a la costa septentrional rusa. "Deben investigarse todas las acusaciones creíbles de uso excesivo de la fuerza durante la detención", ha advertido John Dalhuisen.
El Comité de Investigación ruso, organismo estatal responsable de la investigación de delitos graves, informó ayer martes de que había abierto una investigación por piratería contra los activistas detenidos.
Al respecto, Amnistía ha recordado que el Derecho Internacional define la piratería como "todo acto ilegal de violencia o de detención, o todo acto de depredación cometido con un propósito personal". Asimismo, la legislación penal rusa define la piratería como "la captura de otro barco y el uso, o la amenaza de uso, de la violencia". En Rusia los delitos de piratería están castigados con penas de entre cinco y 15 años de prisión.
El propio presidente ruso, Vladimir Putin, ha admitido este miércoles que los activistas de Greenpeace no deberían enfrentarse a cargos de piratería, pero ha advertido de que sí han "violado el Derecho Internacional".