En base al decreto, "todo aquel que haya secuestrado a una persona para pedir un rescate y le haya privado de su libertad por motivos políticos, económicos o sectarios será condenado a trabajos forzados", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.
"La pena de muerte será impuesta a los que asesinen o causen una discapacidad permanente a los secuestrados, así como a los que abusen sexualmente de ellos", agrega.
Por su parte, el ministro de Justicia, Najm al Ahmad, ha subrayado que el decreto hace frente al problema de los secuestros, que se han incrementado en los últimos meses en el marco del incremento de los enfrentamientos en el país, al tiempo que ha pedido a los secuestradores que "aprovechen la oportunidad de amnistía que concede el decreto".
Naciones Unidas calcula que desde marzo de 2011, cuando comenzó el levantamiento popular contra el Gobierno de Al Assad, unas 70.000 personas han muerto a causa de los combates entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes.
El Gobierno atribuye gran parte de las víctimas a los grupos terroristas que actúan en el país árabe --según ha denunciado insistentemente-- con la financiación y el apoyo material de Arabia Saudí, Qatar y Turquía, entre otros.