El Ministerio de Exteriores de Argentina ha recordado este domingo, a través de un comunicado, que UPM-Botnia inició su andadura el 14 de febrero de 2005 en la localidad uruguaya de Fray Bentos con un límite productivo de un millón de toneladas.
También ha recordado que la CIJ se basó en este límite productivo para emitir su fallo del 20 de abril de 2010 y que estableció "que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la que asuma el control y la vigilancia sobre los efectos de dicha empresa sobre el río Uruguay".
Buenos Aires ha revelado que Montevideo "presentó por primera vez en marzo de 2012 una solicitud para aumentar la producción, reconociendo que podía afectar al régimen ambiental del río Uruguay, a la calidad de sus aguas y a la navegación".
"En tiempo y forma, Argentina hizo saber a Uruguay a través de la CARU que la información recibida era incompleta, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay, y solicitó información adicional para poder expedirse", ha indicado.
Según su versión, ha reiterado "hasta en cuatro ocasiones la solicitud de información adicional sin que la haya recibido, por lo que aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que Argentina responda a la solicitud uruguaya, tal y como queda estipulado en el artículo 8".
Argentina ha sostenido que "toda decisión que el país vecino tome sin cumplir con dichos pasos procesales es violatoria del Estatuto del Río Uruguay y de los posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas naciones".
"El Estatuto del Río Uruguay establece que (el conflicto bilateral) debe resolverse por medio de negociaciones y, en caso de no arribar a un acuerdo, cualquiera de las partes puede someterlo a la CIJ", ha subrayado.
"El interés de Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar dicha empresa", ha zanjado.
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
El pasado viernes, Mujica anunció que su Gobierno ha autorizado a la papelera aumentar su producción, aunque no detalló cuánto, a cambio de mejorar el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay, que sirve de frontera entre ambos países.
La fábrica de celulosa, por su parte, se ha comprometido a mejorar las condiciones ambientales. En concreto, UPM-Botnia ha asegurado que perfeccionará la refrigeración del agua vertida al río Uruguay y que reducirá el índice de fósforo.
Interrogado sobre la reacción argentina, el ex guerrillero tupumaro explicó que aún no había podido hablar con su homóloga, Cristina Fernández de Kirchner, pero que lo haría este mismo lunes para comunicarle personalmente su decisión.
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.
Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.