La resolución recoge un acuerdo para "seguir de cerca la situación" y "tomar nota de los progresos" futuros y recuerda que el marco constitucional debe basarse en unos valores ampliamente aceptados por la sociedad, aunque algunos artículos actualmente vigentes "son motivo de preocupación para una parte" de los húngaros.
Sin embargo, la Asamblea reconoce que estos artículos polémicos "se basan en valores tradicionales europeos y están igualmente incluidos en las constituciones de otros países europeos" y que los cambios fueron introducidos con la aprobación de una mayoría democrática de dos tercios en el Parlamento húngaro.
La reforma constitucional impulsada por los conservadores del primer ministro Viktor Orban y aprobada en marzo según diversas organizaciones cuestiona los principios democráticos y debilita la independencia judicial.