El presidente de la sede legislativa, Mohammad Jihad al Lahham, ha explicado que la tramitación de la norma era "muy urgente" debido "al impacto negativo que el terrorismo está teniendo en la seguridad nacional".
Como complemento a dicha norma, los legisladores han aprobado un proyecto de ley para privar de sus salarios y de sus pensiones a los funcionarios acusados de unirse o apoyar a los grupos terroristas y de cometer actos terroristas.
Por otro lado, han condenado el "atroz crimen" cometido en la televisión pro gubernamental Al Ijbariya, que el pasado miércoles fue atacada por un grupo terrorista. Como consecuencia de ello, murieron tres periodistas y cuatro guardias de seguridad.
Asimismo, han propuesto la creación de un comité especial para garantizar que las familias de las víctimas del terrorismo y aquellos que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia reciban ayudas gubernamentales.
La Asamblea Popular también ha expresado su rechazo al diálogo con aquellos que han participado en las matanzas de civiles, aunque ha subrayado la necesidad de alcanzar la reconciliación nacional, destacando el papel que debe desempeñar el Gobierno.
Desde que comenzaron las protestas populares contra el régimen sirio, en marzo de 2011, el Gobierno de Bashar al Assad ha denunciado la presencia de grupos terroristas en el país y les ha acusado de perpetrar las matanzas contra civiles.