De acuerdo con el decreto presidencial, aquellos que entren en territorio sirio de forma ilegal podrán ser condenados a una pena de entre cinco y diez años de cárcel y a una multa de entre cinco y diez millones de libras sirias (38.000 y 76.000 euros).
El régimen de Al Assad ha denunciado en numerosas ocasiones supuestos intentos de infiltración de "terroristas" extranjeros, sobre todo de nacionalidad libanesa y turca, en territorio sirio para desestabilizar el país.
Además, ha denunciado que estos "terroristas" están financiados por potencias regionales, entre las que ha mencionado a Arabia Saudí, Qatar y Turquía, entre otros países extranjeros, instando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a actuar al respecto.
La oposición, por su parte, ha denunciado la participación de combatientes de Hezbolá y de "elementos iraníes" en la guerra civil. El líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, ha admitido la presencia del partido-milicia chií libanés en Siria para proteger a la comunidad libanesa y los templos religiosos.
Desde que comenzó el levantamiento popular contra el régimen de Al Assad, en marzo de 2011, Naciones Unidas calcula que unas 93.000 personas han muerto a causa de los combates entre las fuerzas gubernamentales y las rebeldes.