Sin embargo, las sanciones financieras específicas y las restricciones al viaje a Australia seguirán aplicándose a "individuos concretos", al igual que el embargo de armas, que continuará en vigor.
"Esperamos que haya más avances, tales como una mayor participación de los partidos de la oposición en el proceso político, la liberación de unos 220 presos políticos o un nuevo marco legal laboral que legalice los sindicatos", ha afirmado Rudd.
"En este contexto, seguiremos con nuestra postura de sanciones a revisar. Australia conserva su capacidad para incluir a más individuos en la lista de sanciones, en cualquier momento, pero los miembros del nuevo Gobierno birmano que no estaban en la lista de sanciones no serán ya incluidos", ha matizado.
El nuevo Gobierno civil accedió al poder el pasado mes de marzo tras décadas de férreo régimen militar y, aunque muchos de sus integrantes son antiguos oficiales de alto rango, se han producido significativos avances políticos. Desde octubre han sido puestos en libertad 230 activistas opositores, aunque aún quedan cientos de presos políticos.
"Aún queda mucho por hacer en Birmania y Australia sigue demandando la liberación de todos los presos políticos, unas elecciones parciales libres y justas y la resolución pacífica de los conflictos étnicos", ha apostillado Rudd.
Sin embargo, grupos de defensa de los Derechos Humanos ya han manifestado su rechazo a la rebaja de las sanciones australianas, ya que denuncian que aún quedan más de 1.500 presos políticos. "No es apropiado relajar las sanciones en este momento", ha señalado Zetty Brake, de la Campaña por Birmania.
"El anuncio de Australia de relajar las sanciones no se ajusta a la postura de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, quienes recientemente han anunciado que mantendrán las sanciones contra Birmania hasta que haya más reformas", ha agregado Brake.
(EUROPA PRESS INTERNACIONAL)