"Estas regulaciones de residencia están haciendo la vida imposible a los refugiados en Líbano y les están empujando a la clandestinidad", ha asegurado el director adjunto de Oriente Próximo de HRW, Nadim Houry. "Lo último que necesita Líbano es que una gran comunidad, indocumentada y que ya vive a los márgenes de la sociedad vea incrementado su riesgo de abuso", ha añadido.
En octubre de 2014, Líbano aprobó varias leyes con el fin de reducir la afluencia y el número de refugiados sirios en el país. "Las políticas libanesas con poca visión de futuro están sentando las bases de una situación potencialmente explosiva", ha asegurado Houry.
Según las nuevas leyes, los refugiados están divididos en dos categorías, los registrados con ACNUR, la agencia de refugiados de Naciones Unidas, y los que tienen que encontrar un patrocinador que les permita mantenerse en el país. Además, todos los mayores de 15 años tienen que pagar una tasa de 200 dólares anuales para renovar su residencia, cifra a la que la mayoría de los refugiados sirios no puede hacer frente.
Estos requisitos prohibitivos y las tasas sumado a la aplicación arbitraria de las nuevas regulaciones, impide a muchos sirios renovar sus permisos de residencia, ha denunciado Human Rights Watch.
La mayoría de los refugiados ha perdido su estatus legal en el país desde que se pusieron en marcha estas leyes en enero de 2015, según ha recogido la organización. Esto les hace más propensos a sufrir abusos ya que no pueden acudir a las autoridades para buscar protección, un hecho que contradice la ley internacional de refugiados según la cual tienen derecho a protección y a no ser obligados a volver a su país.
"Las autoridades libanesas tienen que revisar de inmediato las normas de renovación, incluyendo la exención de las tasas de renovación, y acabar con los requisitos a los que se enfrentan muchos refugiados para encontrar un patrocinador", ha exigido Human Rigths Watch en su informe.
Líbano no forma parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni de su protocolo aprobado en 1967, de manera que todos los procedimientos para entrar y permanecer en el país dependen de las leyes y regulaciones locales, ha señalado HRW. Sin embargo, está bajo el derecho consuetudinario internacional de no devolución, que prohíbe devolver a los refugiados a lugares en los que estén en peligro de ser perseguidos, torturados, o expuestos a tratos o castigos degradantes e inhumanos.
"Con ayuda internacional, Líbano debe adoptar políticas que permitan a los refugiados sirios mantener su estatus legal en el país y vivir dignamente. Esto no es solamente la norma mínima para tratar a los refugiados, sino que también promoverá la estabilidad en el país para regularizar su presencia", ha explicado Houry.
GRAVES CONSECUENCIAS
La negación de la residencia tiene graves consecuencias para los refugiados, muchos han restringido sus movimientos por miedo a ser detenidos, ha explicado HRW.
La necesidad de encontrar un patrocinador ha incrementado la exposición de los refugiados sirios al acoso y la corrupción. "Los patrocinadores hacen negocio. Venden patrocinios por hasta 1.000 dólares (920 euros) por persona. Esperan en la frontera siria o en el aeropuerto para vender sus patrocinios a los nuevos refugiados", informó un refugiado sirio a la organización.
Según ha denunciado Human Rigths Watch, los refugiados que trabajan para los patrocinadores a menudo lo hacen gratis por miedo a que acudan a las autoridades. "Mi jefe me hace trabajar más de 12 horas en su tienda. Algunas veces me quejo pero entonces me amenaza con cancelar mi patrocinio. ¿Qué puedo hacer? Tengo que hacer lo que el diga. Me siento su esclavo", explicó uno de los refugiados a HRW.
Los niños también se han visto afectados por estas nuevas leyes. Muchos de ellos han dejado el colegio para trabajar y ayudar a sus familias ya que tienen menos posibilidades de que les paren en los puestos de control. A otros muchos se les ha prohibido matricularse en las escuelas sin el permiso de residencia y los recién nacidos están en riesgo de ser apátridas porque sus padres no pueden conseguir certificados oficiales de nacimientos en Líbano sin el estatus legal.