En su comunicado, han subrayado que la condena "representa un nuevo ejemplo de la criminalización de la libertad de expresión" y ha reclamado la liberación incondicional del líder opositor y de otros 3.000 presos políticos.
Las ONG firmantes, además del BCHR, son Americanos para la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (ADHRB), el Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD), el Centro Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (ECDHR), y la Organización por la JUuticia y los Derechos Humanos (JHRO).
La Fiscalía, en un comunicado publicado en las redes sociales, ha lamentado que aunque Sharif ha sido condenado por "insultar el sistema constitucional del país y mofarse de él", ha sido absuelto de pedir un cambio de régimen, violando la Carta Magna.
El año pasado, Sharif fue liberado por un indulto real tras pasar más de cuatro años de prisión por su papel en unas revueltas para exigir reformas en la monarquía del golfo Pérsico. En el momento de su detención, en marzo de 2011, lideraba Waad.
Bahréin ha experimentado varias revueltas esporádicas desde las protestas de 2011 encabezadas por la mayoría chií del país, que demanda reformas y un papel más activo en el Gobierno, liderado por suníes. Las revueltas fueron sofocadas con la ayuda militar de Arabia Saudí, la gran potencia suní en la región.
Bahréin acusa a la oposición de mantener una agenda sectaria respaldada por Irán. No obstante, las organizaciones chiíes rechazan los cargos, mientras que Waad mantiene que es una institución secular.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.