No obstante, como el proyecto se suspendió durante la investigación, la subvención no se entregó finalmente y por tanto no es necesario recuperarla, según ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
De acuerdo con el primero de los contratos investigados, la diputación de Vizcaya se comprometía a adquirir y adaptar para su uso industrial los terrenos necesarios para edificar la nueva fábrica Habidite Alonsotegi. En el segundo, aceptaba adquirir a la nueva fábrica un total de 1.500 viviendas construidas con los módulos de Habidite en un periodo de tres años.
La investigación de Bruselas concluyó que ambos contratos incluían ayudas públicas a Habidite, porque ningún inversor privado habría aceptado un contrato en estos términos. La ayuda prevista era ilegal porque no se notificó al Ejecutivo comunitario.
La Comisión examinó entonces si la ayuda era compatible con las reglas de la UE aplicables en el momento en que se firmaron los contratos. En ese momento, Vizcaya tenía derecho a recibir asistencia según las directrices de la UE sobre ayudas regionales, que permiten a los Estados miembros apoyar las inversiones en regiones desfavorecidas con condiciones.
Basándose en estos criterios, Bruselas concluyó que se podía conceder a este proyecto una ayuda pública de hasta 10,5 millones de euros.