La petición se llama "Stop extremismo" (Paremos el extremismo, en inglés) y a partir de su registro formal, previsto para el próximo 12 de junio, contará con un año para lograr los apoyos necesarios a escala europea para lograr que el Ejecutivo comunitario la estudie en profundidad.
Por el momento, su registro supone únicamente que Bruselas ha considerado "legalmente admisible" la petición, pero no supone un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, sino que el objetivo que promueve se enmarca dentro de las competencias comunitarias.
Cumplido el proceso de un año, si la iniciativa comunitaria ha sumado al menos un millón de firmas, con apoyos de al menos siete Estados miembros, la Comisión deberá responder a la petición en un plazo de tres meses.
El Ejecutivo comunitario puede aceptar explorar las medidas legislativas o rechazar hacerlo, pero en ambos casos deberá justificar su decisión razonada públicamente.