Sólo el 5% de los españoles admite trabajar sin declarar sus ingresos a la administración tributaria y a la Seguridad Social (ligeramente por encima del 4% de media en la UE), mientras que únicamente el 8% de los encuestados reconoce haber adquirido durante el último año bienes o servicios que implican un trabajo no declarado (frente al 11% de promedio comunitario). Sin embargo, cuando la pregunta es si el encuestado conoce personalmente a alguien que trabaje en negro, el porcentaje aumenta hasta el 33% (32% en el conjunto de la UE), según un reciente Eurobarómetro.
"El trabajo no declarado priva a los trabajadores de la protección social, pone en peligro su salud y su seguridad y deteriora las condiciones laborales. También socava la competencia leal entre las empresas y pone en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas y los sistemas de seguridad social. El resultado final es que pierde todo el mundo", ha dicho el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, para justificar la puesta en marcha de la nueva plataforma.
Según el Ejecutivo comunitario, la plataforma cubrirá un vacío a nivel de la UE, donde hasta ahora el trabajo no declarado se trata de forma esporádica y no coordinada en diversos comités y grupos de trabajo. Ello permitirá una cooperación más eficaz entre quienes luchan a diario y sobre el terreno contra este fenómeno.
La nueva plataforma reunirá a todos los organismos responsables de garantizar el cumplimiento de las normas de lucha contra el trabajo no declarado, como la inspección de trabajo y de la seguridad social y las autoridades fiscales y de inmigración, además de otras partes interesadas como los representantes de los empresarios y los trabajadores a nivel de la UE.
El nuevo mecanismo, que debe ser aprobado por la Eurocámara y los Gobiernos, ofrecerá un foro donde los expertos podrían compartir información y mejores prácticas, ampliando así los limitados contactos hasta ahora existentes. También servirá para explorar instrumentos nacionales y de la UE para hacer frente a problemas comunes, como el fenómeno de los falsos autónomos y el trabajo no declarado en las cadenas de subcontratación.
Bruselas pretende además que aborde los aspectos transfronterizos, por ejemplo, estudiando distintas alternativas para mejorar los intercambios de datos entre las administraciones nacionales, organizando sesiones conjuntas de formación, desarrollando orientaciones comunes para las inspecciones o desarrollando campañas europeas.