La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una norma para facilitar la creación de fondos de inversión europeos a largo plazo, cuyo objetivo es lograr financiación de particulares y profesionales con vencimientos superiores a 10 años para empresas europeas no cotizadas y para activos a largo plazo como proyectos inmobiliarios y de infraestructura.
"Necesitamos garantizar financiación a largo plazo para la economía real de Europa. En la actualidad, la financiación escasea no pocas veces y, cuando existe, está excesivamente centrada en objetivos a corto plazo", ha dicho el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.
La norma establece los tipos de empresas y activos a largo plazo en los que estos fondos podrán invertir, por ejemplo proyectos de infraestructuras, transporte y energías sostenibles. También fija normas sobre la distribución de activos, para evitar que se destine demasiado dinero a un activo concreto.
Los fondos de inversión a largo plazo sólo podrán utilizar derivados para gestionar los riesgos cambiarios en relación con sus activos y no con fines especulativos. Asimismo, se les impondrán límites sobre la cantidad que pueden solicitar en préstamo.
Estos fondos invertirán en activos ilíquidos, difíciles de comprar y vender, y no podrán retirar el dinero hasta la fecha de vencimiento de la inversión, al menos diez años, de manera que las empresas tengan la certeza de que los fondos estarán a su disposición durante el tiempo que hayan indicado a los inversores que lo necesitarán. A cambio, los inversores recibirán una corriente periódica de ingresos y posiblemente una prima de iliquidez.
Barnier ha propuesto además este miércoles una norma cuyo objetivo es facilitar la facturación electrónica en la contratación pública mejorando la interoperatividad entre los diferentes sistemas nacionales. Bruselas considera que el uso de la facturación electrónica en la contratación pública en toda la UE podría generar un ahorro de hasta 2 300 millones de euros.
También se pretende eliminar la inseguridad jurídica, la excesiva complejidad y los costes operativos adicionales para los operadores económicos que actualmente tienen que utilizar diferentes facturas electrónicas en los Estados miembros. Ayudará asimismo a impulsar el uso de la facturación electrónica en Europa, que sigue siendo muy bajo pues solo supone entre el 4 % y el 15 % de las facturas intercambiadas, según la Comisión.
"Abandonar el papel y pasar a una facturación totalmente automatizada puede reducir los costes de recibir una factura de entre 50 y 30 euros a 1 euro. Se trata de un ahorro apreciable y útil en la actual coyuntura económica", ha dicho el comisario de Servicios Financieros.