El Parlamento dio su visto bueno definitivo a este tratado internacional el pasado 23 de mayo, en medio de una gran presión, ya que, hasta entonces Japón era el único país del G-8 que no lo había ratificado, lo que impedía su entrada en vigor en el país.
El tratado internacional pretende "proteger a los niños en el plano internacional contra los efectos dañinos de un traslado o no regreso ilícitos y fijar procedimientos con el fin de garantizar su regreso inmediato al Estado donde reside habitualmente así como de garantizar la protección del derecho de visita".
La ley del divorcio de Japón, vigente hasta ahora en su regulación sobre esta materia, otorgaba la custodia a uno solo de los progenitores, que normalmente era la madre, sin imponerle la obligación de que permita al otro visitar a los hijos del ya extinto matrimonio.
Desde hace años, los países occidentales presionan a Japón para que ratifique el tratado internacional ya que se había convertido en un "agujero negro legal" para los padres que intentan recuperar a sus hijos de manos de sus ex parejas japonesas.
Hasta ahora se han registrado más de 200 casos de custodia internacional que implican a ciudadanos japoneses casados o no con extranjeros que se han llevado a sus hijos al país asiáticos tras romper la relación con su pareja.
En 2010, los embajadores en Tokio de una docena de países, entre ellos Estados Unidos y varios europeos, firmaron un comunicado conjunto para exigir a Japón que ratificara de una vez por todas el tratado internacional.