Según estas informaciones, el borrador del texto que está siendo tratado contempla entre los crímenes que se verían afectados la falsificación de moneda, la recaudación de fondos a través del fraude, acordar o forzar a otra persona a prostituirse, obstruir a un comandante durante el ejercicio de sus funciones, y crear rumores durante época de guerra.
De esta forma, los condenados por estos crímenes podrían ser condenados a una pena máxima de cadena perpetua. En caso de ser aprobada, sería la segunda vez que el país reduce el número de crímenes punibles con la muerte desde la entrada en vigor de la Ley Criminal en 1979.
Las organizaciones pro Derechos Humanos afirman que el gigante asiático aplica la pena de muerte por un número de crímenes superior a cualquier otro país del mundo. Pekín no publica la cifra de ejecutados afirmando que se trata de un secreto de Estado.
La Fundación Dui Hua, con sede en la localidad estadounidense de San Francisco, afirma que cerca de 2.400 personas fueron ejecutadas en el país en 2013.